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Independencia de autoridad

Al inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017 – más allá de que el oficialismo ya ha puesto todo su aparato de propaganda al servicio de las candidaturas del gobierno – la pregunta fundamental que debe hacerse la ciudadanía es si las actuales autoridades electorales: Consejo Nacional Electoral, CNE, el Tribunal Contencioso Electoral y sus dependencias, merecen la confianza pública; o si, por el contrario, se desconfía de su independencia e idoneidad.

No se trata de lucubraciones antojadizas ni de intereses electorales. La realidad es que todos los miembros de estos órganos fundamentales de la democracia, están claramente vinculados a la organización política que controla todos los poderes públicos. En los últimos 50 años, jamás un solo partido ha copado los órganos electorales. En la denostada “partidocracia”, que se queda como niño de pecho frente a los acontecimientos de estos 10 años de RC, el Tribunal Supremo Electoral estaba compuesto por vocales designados por los principales grupos políticos, de manera que existía una auto limitación que impedía que uno de ellos controlase el proceso electoral, con la consecuente pérdida de confianza, transparencia y objetividad.

Actualmente, desde el defectuoso padrón electoral, hasta el vergonzoso episodio de la designación del presidente del CNE, su excusa inmediata y designación del actual -por cierto del mismo grupo político– y los nombramientos de las autoridades provinciales y otros funcionarios, son prueba de la falta de idoneidad del Consejo. La ciudadanía y especialmente los candidatos de oposición, están obligados a adoptar posiciones francas, claras y vigorosas, para que se respete la voluntad popular.