Escuché en el programa HORA 25, los argumentos del Abogado defensor del expresidente y las opiniones de sus contradictores, respecto al secuestro de Balda y los eventuales autores intelectuales implicados en esa indeseable operación.
Es natural que el primero de los nombrados no podía aceptar argumento alguno en contra de su defendido porque para eso le pagan, a tal punto que todas las investigaciones, decía que eran forjadas; todas las declaraciones falsas y fraguadas, sin otro propósito que eliminarle a Correa políticamente y ni siquiera en defensa de los derechos humanos. Que el asunto habiendo sido ya juzgado en Colombia, era improcedente que se lo vuelva a tramitar aquí, olvidando que algunas circunstancias y personas no son las mismas.
Que el Fiscal encargado no puede actuar en este caso, porque no se ha posesionado ante la Asamblea Nacional conforme lo dispone la Constitución, ignorando que dicha obligación es aplicable para el Fiscal titular pero no para el subrogante.
La parte contraria en cambio basó sus argumentos en los fondos públicos pagados a los ejecutores del secuestro; la intervención de altos funcionarios para concretar la misión; las cartas cruzadas con Correa pidiéndole garantías y ayuda por las responsabilidades derivadas de tal hecho, en el eventual caso que una operación “sin importancia” como esta se descubra, sin pensar que “una chispa si puede incendiar un bosque”.