En la década de los años noventa, el Congreso de entonces, estableció que aquellos trabajadores que hayan laborado entre 20 y 25 años para un mismo empleador tendrán derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal. Tal disposición legal, pretendió contrarrestar la viveza criolla de ciertos empleadores que evadían el pago de la jubilación patronal despidiendo a sus trabajadores cuando se acercaban a los 25 años a su servicio.
En el 2000, el objetivo de la Democracia Popular en el poder fue transferir a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) todo el dinero de los afiliados al Seguro. La Comisión Interventora del IESS, organismo encargado de llevar a efecto tal pretensión, sin ningún estudio previo de cargas de trabajo “mandó a la calle” a más de dos mil empleados de la entidad. El perfil: entre 20 y 25 años de servicio en la entidad.
El camino escogido para obtener la mayor cantidad de “ahorro” fue negarnos el pago de la jubilación patronal proporcional, constituyéndose el IESS en el mayor representante de la viveza criolla patronal de la historia del país.
Como “no hay mal que dure cien años”, el clamor de los afectados fue escuchado y atendido por la Asamblea Constituyente de Montecristi. Sobre esta base, el Pleno de la actual Asamblea Nacional, con 96 votos a favor (Gobierno y oposición juntos) mediante resolución publicada en el Registro Oficial, exhortó al Consejo Directivo y al Ministro de Relaciones Laborales a cumplir su obligación jurídica y moral.
El Econ. Ramiro González, director del IESS, tiene en sus manos la responsabilidad de limpiar el nombre de una entidad que fue creada para proteger a los trabajadores y no para servirse de ellos.