Lo que está sucediendo en la ciudad de Quito con el tema del removido Alcalde Yunda, no tiene ubicación clara en el concepto de la actividad de profesionales bien formados.
Los enredos jurídicos por donde se conducen estas actividades son realmente una afrenta para cualquier profesional del derecho con una formación profesional derecha, recta, honesta.
No es aceptable en absoluto que el abogado o grupo de abogados del ex alcalde, haga gala de triquiñuelas para eludir de manera rastrera los verdaderos caminos del derecho y de la justicia, y que ni las universidades ni los colegios profesionales, salgan a poner orden en la práctica de esta profesión.
No se puede calificar de “recursos” constitucionales a actividades reñidas con la lógica del derecho y con la lógica de las personas. Tampoco podemos ubicar estas acciones como “habilidades profesionales”. Y no se circunscribe este accionar a los abogados del señor Yunda, si no que para colmo de los colmos, estas mañoserías son secundadas por jueces inescrupulosos que aceptan estas mañoserías jurídicas, y es más, dictan sentencias a favor de recursos mal presentados.
La ética profesional ha sido siempre el puntal que garantiza la administración de justicia, en el caso de abogados y doctores en jurisprudencia, su deformación solamente conduce al desprestigio de esa profesión, al rechazo social a actuaciones alejadas de la misma. Se llama deontología la actuación profesional respetando los preceptos éticos que definen las actuaciones normadas por las reglas que el conocimiento académico obliga.
El plantear recursos con nombres trucados, y el aceptar los mismos es clara deshonestidad y lleva al desprestigio de sus actores, pero los custodios de la actuación profesional, como son los gremios profesionales no ponen coto a estas malas prácticas, las dejan pasar: ¿son cómplices o practican espíritu de cuerpo mal entendido?