En principio, está bien impedir el tráfico de tierras por parte de militares, policías, abogados y otros funcionarios y profesionales absentistas que se han hecho adjudicar áreas en el trópico para explotar madera y especular con la plusvalía (lo he visto en muchas zonas). Pero también desconfío de ciertos dirigentes indígenas que, sin haber trabajado nunca a pico y azadón, dedicados a la política, pretenden, desde la Asamblea, dar lecciones de productividad agrícola y ecologismo.
Los conceptos de función social y ambiental son muy elásticos, y hasta cierto punto contradictorios. Si una extensión de tierra se dedica a reserva ecológica, no puede ser área de producción agropecuaria, y viceversa; muchas propiedades tendrán al mismo tiempo ambos tipos de áreas. Si se deja al criterio exclusivo de dirigentes afines al gobierno determinar, en cada caso, si una finca dada cumple esas funciones, aplicando ambos extremos, casi cualquiera podría ser afectada.
El concepto de latifundio también es relativo: en una zona de alta densidad poblacional y retaceo de lotes, un predio de 30 ha, aunque bien trabajado, parecerá enorme. Incluso si el propietario no reside en su finca (mi caso) podría verse como no cumplir su función social. Temo que la ley, en tales condiciones, cargará su peso sobre pequeños y medianos finqueros: en efecto, no se castiga el ser ‘terrateniente’, sino la intención de prosperar, de tener una mentalidad independiente, contraria al ideal ‘socialista’.