Los recientes episodios en Ibarra donde se han visto involucrados policías, obliga a que en el país deba existir directrices claras sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.
La base que determina las políticas a seguir, son las Declaraciones de los Derechos Humanos. El artículo 3 señala que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El Art.6”1.) El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.” y el Art. 9”1.) Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”. Por lo expuesto los encargados de mantener la ley, la seguridad y el orden público, así como prevenir y detectar el delito, deben estar provistos con medios para usar la fuerza y armas de fuego. Llevando consigo obligaciones y responsabilidades de acuerdo con la ley, siendo su principal función la de respetar y proteger. Se debe comprender que cuando usan la fuerza corren peligro, sin embargo, las armas deben ser manejadas sin excesos, arbitrariedades…
El Estado debe ser claro cuando demarca las políticas internas, buscando estrategias sobre el uso de la fuerza y un código de conducta Para ello es necesario capacitar a sus agentes, con el fin de que conozcan las disposiciones legales que permitan el uso adecuado de armas de fuego, para que en el evento que deban decidir su uso, posean los conocimientos de juicio para hacerlo. El alcance de lo que debe considerarse uso de la fuerza debe estar a la medida posible de medios no violentos, como la mediación, persuasión, comunicación, entre otros, antes de recurrir al uso de la fuerza.
Es importante que las autoridades competentes, ante la sociedad, rindan cuentas del desempeño de sus funciones y del respeto al marco jurídico y operativo, explicando las políticas y procedimientos adecuados en relación al uso de la fuerza y armas de fuego.
La profesionalidad, el entrenamiento en forma continua para evaluar un rendimiento óptimo, son necesarios para el cumplimiento del deber, con el fin de garantizar el orden público y la confianza en su desempeño.