Se discute, con diferentes argumentos, si los fondos complementarios que manejan diversas organizaciones privadas están o no cofinanciados con aportes públicos. Los únicos que pueden certificar ello son el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General, porque solo tales instituciones cuentan con los registros contables necesarios para probarlo, pues en todos los casos que se están analizando, los aportes del Estado deben precisar la cantidad, la fecha y el propósito u objeto para el cual se transfirieron tales rentas. No le corresponde probar esto, ni a la Superintendencia de Bancos, ni a los auditores contratados, ni al IESS y ni siquiera a los interesados, sean estos cercanos o no al Gobierno. Cualquier otra alternativa es improcedente. Incluso, los aportes, si los hay, debían hacerse a través del Banco Central, como único depositario de los fondos públicos.