No hay duda que la Ley del menor esfuerzo es la norma más utilizada en nuestra sociedad, ante un problema adoptamos la primera solución que se presenta, no hay tiempo para pensar en alternativas; es más fácil derogar los decretos que eliminan gradualmente el subsidio a los combustibles que escarbar un poco para encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad.
La dirigencia de un gremio importante insiste en exigir la derogatoria de los decretos mencionados porque el alza del diésel afecta a la economía del pequeño agricultor que para sus labores necesita de un tractor, eso es verdad, pero no se da cuenta que menos del 1% de su gremio tienen tractor y no solo para su uso personal, sino para alquilar como negocio particular cuyo precio – hora reajusta a discreción; pero lo que es más grave, enceguecidos por el fundamentalismo luchan en las calles no por ellos mismos, sino para beneficiar a otro grupo del sector donde hay muchas más máquinas y, que no es al que precisamente defienden.
El transporte público, insiste en la acusación de que, el progresivo incremento del precio del diésel es la razón para su precaria economía familiar, se engañan a sí mismos; en otros artículos se han explicado que la afectación por esta causa está en función de la clase y potencia de la unidad, para el bus urbano de 240 HP es de USD 650,00/año, valor que debe ser recuperado vía pasaje o mediante compensación directa del Estado (focalización); ojo, la verdadera causa de la dificultad económica del empresario transportista es la mala administración de los ingresos y egresos en función de la vida útil de la unidad (bonanza al inicio y penuria al final, producida por el mantenimiento), seguro que, se derogarán los decretos y no mejorará la economía (la capacitación sobre el tema es urgente). Por otro lado, de acuerdo al INEC el transporte público es solo el 13% del parque automotor del Ecuador, en consecuencia, el subsidio mayor 87% está dirigido al sector que no necesita y es para el cual luchan los dirigentes.
Finalmente, con el retiro paulatino del subsidio a los combustibles el Estado recupera USD 1 200 millones/año y tiene que pagar por compensación menos de USD 150 millones/año. Si los ecuatorianos dejamos de mirar solo el árbol, es lógico pensar que, para beneficiar a toda la comunidad, debemos luchar por la focalización y no por la derogación.