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Cartas al director / 28 de enero de 2022

El Monopolio de la seguridad de un Estado

El deber primordial del Estado es garantizar a los ciudadanos los derechos entre ellos el de seguridad de amenazas y peligros tanto internos como externos, por lo que se debe establecer un monopolio de la seguridad, puesto que el estado es el único organismo con plenos poderes para ejercer actividades que permitan dar seguridad a sus mandantes y al pueblo en general, es el Estado a través de las Instituciones Públicas, como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Centro de Inteligencia Estratégica que debe exigir el apoyo efectivo del poder judicial para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

Urge que el Estado y su Gobierno regulen el uso progresivo racional y diferenciado de la fuerza a través de la adopción de normas que tengan concordancia con los estándares internacionales en esta materia, así como la dotación de medios legales para ejecutar la misión de resguardar el orden y la seguridad.
El marco jurídico se constituye en el pilar fundamental de un estado para poder articular la estrategia del
monopolio de seguridad porque de unos años atrás, la seguridad jurídica se ha convertido en una utopía, los actos de terrorismo, asesinatos, crimen organizado, narcotráfico, etc., son de horrorosa regularidad. Es incierta la seguridad jurídica al interior del país, aún más con una asamblea impávida que no obedece al clamor ciudadano, la actuación del poder judicial impide se promueva una adecuada aplicación de leyes que garanticen el cumplimiento de la seguridad.

La única solución es reformar leyes en concordancia con una nueva Constitución, hecha a medida de un pueblo que quiere desarrollo y no a medida de bandas delincuenciales, que blindaron la impunidad. El presidente del Ecuador debe tener como prioridad la Seguridad Integral a cualquier costo, pues no es incrementando carteras que se logra sino con un cambio radical de leyes y la exigencia de su cumplimiento.  

Fausto Berrazueta

Dignidad de jubilado

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

Numeral 2 del Art. 11 de la Constitucion de la República. Enunciado basado en la Igualdad de Derechos, pero, desafortunadamente, son leyes de papel, porque simplemente se quedan en el papel.

El presidente Guillermo Lasso, acaba de cumplir con una de sus ofertas de campaña, como es el aumento de USD25 al SBU. Esa misma cantidad, en estricta justicia, exigimos se aumente a nuestras pensiones jubilares. Los jubilados tenemos y nos sobra dignidad, no estamos de rodillas, ni pidiendo caridad alguna. Hoy aparecen en los roles de pensión, aumentos miserables en centavos de dólar, lo que significa una verdadera y auténtica grosería, burla y desprecio.

¡Elevamos nuestras voces de protesta, aun en el ocaso de nuestras vidas, con altura, valentía y dignidad y rechazamos enérgicamente toda clase da abusos, afrentas y atropellos!

Fabián Pérez de Castro