23 de noviembre de 2020 00:00

Empresas Públicas, Inequidad ante La Ley

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Julio César Palacio Barberán

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Sin embargo, la integración de miembros permanentes delegados por el Ejecutivo desvía el propósito principal del servicio o producción de las empresas, abriendo una brecha que puede servir como botín político de partidarios del régimen vigente. Sus servidores están protegidos bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas. (LOEP), obteniendo beneficios que los convierte en ciudadanos privilegiados, con respecto a empleados y obreros privados, protegidos por El Código del Trabajo. Los planes presupuestarios y de contratación deberían estar de acuerdo con el desarrollo de la empresa y no con el de la estrategia anual del Gobierno Nacional. La desigualdad continúa con la exención del impuesto a la renta, al no existir control y auditoría de las autoridades tributarias, pueden excederse los límites establecidos en la ley tributaria para los gastos de gestión, entre otros, por la falta de comprobación del SRI, permitiendo evasión e impide el nacimiento de la obligación tributaria. En cuanto a los reclamos de clientes, aplica normas de inprescripctivilidad, a pesar del límite del tiempo o de la ausencia de terceras personas, lo que no agiliza los trámites dentro de un tiempo prudencial, postergando una eficiente recaudación y con molestias a sus clientes.

La libre competencia se establece en parámetros iguales, lo que obliga a las empresas a mejorar en beneficio de la ciudadanía. La LOEP requiere de un análisis exhaustivo, las empresas públicas deben ser tratadas como cualquiera de las otras empresas en el país, para bien del Estado y del pueblo en general. 

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