Escribo en relación con el editorial del pasado 28 de abril ‘España: otro golpe a ecuatorianos’, en el que se señala, de manera inexacta, que la modificación aprobada por el Gobierno de España a la Ley de Cohesión y Calidad de Sistema de Salud implicará que 83 000 ecuatorianos verán recortada su cobertura sanitaria.
Me parece importante puntualizar que ni los 116 995 ecuatorianos que cotizan a nuestra Seguridad Social, ni los 36 495 que perciben prestación por desempleo, ni los 51 043 demandantes de empleo perderán ese derecho a la atención sanitaria que seguirán ejerciendo también sus familiares dependientes, así como los 150 000 ecuatorianos que han accedido a la nacionalidad española sin perder la de origen. En el caso de aquellas personas que se encuentren en situación irregular, el Decreto-Ley garantiza la atención de urgencia, así como la de menores de 18 años y embarazadas en la gestación, parto y postparto.
España continúa, por tanto, promoviendo y facilitando la integración de los inmigrantes, con especial atención a los latinoamericanos.
Nota: El 27 de abril EL COMERCIO publicó un trabajo de nuestra corresponsal en España. Allí se decía que desde el 31 de agosto el gobierno de Rajoy -a través de decreto ley- deja sin efecto las tarjetas sanitarias de personas irregulares. 83 911 connacionales poseen la tarjeta sanitaria para “personas sin recursos”, según el Tribunal de Cuentas. Esa noticia contrastada en España, motivó nuestra posición editorial.