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Día mundial de la justicia social

El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de la Naciones Unidas, declara el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social, el cual se sustenta en lo que es justo y qué no lo es, considerando además los ámbitos sociales e individuales.

El primero se respalda en la normatividad existente para cualquier actividad social y cuyas decisiones están bajo la potestad del juzgador. De ahí lo imperativo de que las leyes, promulgadas por el Estado a través de sus organismos competentes, contengan principios justos y no sean la manifestación del autoritarismo y concentración de poderes lesivos para la colectividad.

En el ámbito individual, la justicia es el resultado del valor que cada persona le dé a sus principios y cómo juzgue el comportamiento ajeno. Estos razonamientos, nos permiten proclamar que la justicia sí existe, infelizmente cuando nos encontramos ante quienes debiendo ejercerla, no lo hacen, es imposible alcanzarla y desde luego dudamos de su existencia. De ahí que, para alcanzar la justicia social, es menester que el Estado reforme las políticas sociales vigentes, dando énfasis a las políticas en materia de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social a favor de los grupos sociales menos favorecidos, cuyas condiciones de vida son paupérrimas, fruto de la profundización de las desigualdades económicas, culturales y sociales; es más, la heterogénea distribución de la riqueza e ingresos económicos agravan las condiciones señaladas en torno a la justicia social.

El derecho social se evidencia en el bienestar social de las personas y de los pueblos, la garantía de su ejercicio solo puede darse a través del Estado Social de Derecho.
Tomando en consideración lo expresado, ¿deberíamos celebrar el Día Mundial de la Justicia Social?, sin embargo de que la desnutrición infantil en un hecho sin precedentes; el analfabetismo aún persiste, lo inaccesible a la Internet en especial para los niños que viven en el sector rural, y por tanto no pueden recibir sus clases virtuales; autoridades con grillete; funcionarios de alto rango que emiten disposiciones sin embargo de estar tras las rejas; asambleístas beneficiarios de carnés de discapacidad, cuya única discapacidad es su debilidad mental pero que dictan leyes que resguardan legalmente sus fechorías; atracadores de las arcas del Estado que se llevan millones de dólares hasta en lingotes de oro, y que permanecen sin formula de juicio o les imponen penas mínimas, fruto de la tipificación irregular de las infracciones cometidas; delincuentes comunes amparados por las leyes, los derechos humanos y jueces corruptos; las perchas de las farmacias del IESS vacías y sus bodegas llenas de medicamentos caducados; el Estado deudor ‘in aeternum’ del IESS y en permanente proceso de ocultar sus obligaciones contraídas desde hace varios años. En contraste, ciudadanos privados de su libertad por delitos menores, indefensos ante una justicia inequitativa; trabajadores haciendo milagros para mantener a sus familias; niños obligados a pedir caridad o en su defecto obligados a trabajar para poder llevar un pan a su boca. Frente a esta realidad, estimo, no deberíamos celebrar el Día Mundial de la Justicia Social.

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