Determinados asambleístas han sido denunciados por haber incurrido en abusos que podrían convertirse en presuntos delitos, contra sus propios colaboradores, empleados de la Función Legislativa, al habérseles exigido el pago de una contribución económica de sus sueldos. O como es el caso de una asambleísta identificada políticamente con el expresidente Correa, quien burlando controles de seguridad, según así lo asevero el mismo vocero del gobierno, acudió a entrevistarse con una testigo protegida, quien se encuentra privada de su libertad, en un Centro Carcelario, visita que lo realizó un día antes de su comparecencia como parte procesal en la audiencia de juzgamiento en el caso Balda. Estas personas, deben ser sometidas, garantizándolas el Debido Proceso a su juzgamiento y drástica sanción de comprobarse su responsabilidad y autoría de los ilícitos denunciados, así como elaborarse a lo interno de la Asamblea un eficaz Código de Ética, que sancionen a, quienes, por la alta investidura que ostentan, deberían dar buen ejemplo.
Se debe exigir a quienes van a ser elegidos como asambleístas, a más de comprobarse una conducta idónea, que tengan una superior preparación académica, acorde con la gran responsabilidad de fiscalizar y legislar, labor que tiene una importancia gravitante en todo convivir social. Según un reciente estudio, la Asamblea actualmente tiene 137 asambleístas, 1321 servidores ocasionales.
El legislador gana USD 5 000 y tiene dos asesores, un principal y un suplente, que perciben una remuneración de USD 3 173 y 1 679 en su orden, con dos asistentes administrativos que reciben 1 394 cada uno, por lo que clamorosamente se hace necesario, reducir a menos de la mitad el número de asambleístas, así como el de sus asesores y asistentes, con lo que, se ahorraría una ingente suma de dinero, en favor del Fisco, haciendo honor a la austeridad en beneficio del país.