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DEMOCRATIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La aprobación de una Ley de Comunicación no garantiza ni siquiera mínimamente la implantación de una verdadera libertad de prensa y expresión en el país, debido a que esta depende de una verdadera voluntad política para cambiar las estructuras de poder mediáticas tanto “estatales” como empresariales, para de esta manera empoderar a los ciudadanos como los verdaderos protagonistas de la construcción de la opinión pública a través del debate y el pluralismo. Sin lugar a dudas regular la actividad de los medios de comunicación es esencial para garantizar la vigencia de la democracia, defender el derecho a la honra de las personas y promover un periodismo responsable; sin embargo, instrumentalizar una norma jurídica, aglomerar medios de comunicación en beneficio de una organización política e instaurar un estado de propaganda es una burla al pueblo ya que simplemente reemplaza el monopolio mediático-empresarial que controlaba a la patria por un monopolio seudorrevolucionario. En síntesis, este dilema es una cuestión de élites que disputan el manejo del espacio mediático que ha demostrado ser una herramienta fundamental para el control del poder.