Si bien al revisar la historia política del país, la corrupción pública en que han incurrido algunos ex presidentes y funcionarios, ha existido desde el inicio mismo de nuestra vida republicana en determinados casos, estos han sido aislados, pero los casos de mayor corrupción que han sucedido acontecieron en los once años del gobierno de Correa durante la mal llamada “revolución ciudadana”, en la que se instauro todo un sistema estructural y jurídico para delinquir con impunidad, para lo cual se expidieron ciertas normas “legales”, con el fin de evadir los controles y las facultad legal que antes tuvieron la Procuraduría y Contraloría, que les permitía supervisar el proceso de contratación pública, por lo que eliminaron deliberadamente sus informes legales, lo que les permitió contratar directamente, sin someterse a los concursos de precios y licitaciones. Así como se exigió que haya un dictamen previo del ex contralor, hoy prófugo de la justicia, para que la Fiscalía recién pueda iniciar los procesos penales obstaculizando así sus funciones. Como resultado, casi todas las grandes obras de infraestructura, se realizaron con grandes sobreprecios, conforme legalmente se ha comprobado. En la actualidad, cerca de 20 jerarcas del anterior gobierno, empezando por el ex presidente, enfrentan juicios penales, como consecuencia de su ejercicio abusivo del poder, quienes están acusados de delitos de asociación ilícita, delincuencia organizada, tráfico de influencias, concusión, peculado, cohecho secuestro a una persona- caso Balda-, varios de ellos se encuentran en prisión, con orden de captura o prófugos de la justicia. La fiscalía que ha hecho un excelente trabajo, ha identificado 90 procesos abiertos, solo Correa y el ex vicepresidente Glas, están señalados en 26 expedientes. En la actualidad el caso conocido como Sobornos que quizá históricamente es el más emblemático de los juicios por corrupción en contra de 20 personas, la mayoría altos ex funcionarios del correísmo, este proceso está en la etapa de casación, luego de que los magistrados de primera y segunda instancia por unanimidad sentenciaron al ex presidente y demás involucrados a 8 años de prisión. El país espera y anhela que los jueces que van a resolver este último recurso legal juzguen y sentencien con ética y agilidad, a fin de que los sentenciados no evadan y se burlen de la acción de la justicia, ya que algunos de estos con cinismo pretenden inscribirse como candidatos, para buscar impunidad a sus delitos. La sociedad está vigilante.