La Corte Constitucional (CC) cerró el paso a los ultristas del conservacionismo, aquellos que pretenden boicotear el desarrollo regulado de la minería en Carchi e Imbabura, apelando a las consabidas monsergas ambientalistas.
Es el pretexto de los atrasa-pueblos para impedir el progreso del Ecuador, mientras se hacen de la vista gorda con la minería ilegal.Si bien la CC archivó esa petición por no reunir “los requisitos de claridad y precisión que exige la ley” no sentó el precedente jurídico indispensable para acabar con el falso dilema “conservacionismo vs minería” en que se apoyan ciertos movimientos sociales para boicotear el desarrollo de la minería responsable. Llama la atención esta conducta pues la CC en el controvertido caso del matrimonio igualitario sentó como precedente que “las normas y prácticas discriminatorias no deben ser convalidadas por procedimiento legislativo alguno ni aún por procesos de democracia directa” (textual) concepto que también se debió aplicar en la Resolución sobre minería.
En todo caso lo resuelto por la CC constituye un bálsamo en una época de alta polarización social, violencia verbal, posturas extremas y hasta fanáticas en asuntos de interés público. El desarrollo minero que el Ecuador está empeñado en impulsar presupone claridad jurídica por el alto riesgo de cuantiosas inversiones sin las necesarias protecciones legales que quedan expuestas a los vaivenes de la política.
Sería saludable estimular un debate de altura sobre estos temas ya que los conceptos y criterios que se emiten están marcados por radicalismos y actitudes exacerbadas a veces alarmantemente simplistas o deliberadamente complejas con escenarios de miedos y peligros que agudizan el perturbador clima que vive el ciudadano común.