A propósito de las dudas existentes sobre las autorizaciones de los usuarios a los bancos para que de sus cuentas sean debitados valores por seguros o servicios de asistencia, pongo a consideración algunos otros servicios en donde el usuario no tiene ni libre albedrío ni defensa ni voz. Me refiero a la obligación que, por lo general, tiene un cliente cuando compra un auto de utilizar los talleres autorizados del concesionario para todos los mantenimientos preventivos y correctivos con el objetivo de conservar la garantía de X años. El consumidor final simplemente no tiene derecho a escoger. Se le impone.
También a la incómoda situación que debe pasar una persona en auto al permanecer en un semáforo en rojo cuando se le acerca un individuo con la intención de limpiarle el parabrisas. El problema nace cuando algunos “limpia parabrisas” primero botan el agua con jabón al parabrisas y luego preguntan si uno quiere el servicio. Cuando se le dice que no, lo insultan y le dejan con el agua con jabón en el parabrisas. El chofer no tiene nadie quién lo auxilie. Se lo obliga o se le castiga.
Por último, en la afiliación obligatoria al IESS el aportante, otra vez, no puede pronunciarse por otra alternativa más eficiente convirtiéndose así en mudo testigo de la apología a la mediocridad. En conclusión: si no hay instituciones que protejan al consumidor seguirán el abuso, la ineficiencia, el irrespeto a la voluntad y al dinero de los demás.