Código de Ética
Que importante es que el señor Presidente de la República expida un código de ética para el sector público. Con ello se pretende controlar las arbitrariedades que cometen los funcionarios del Estado y los burócratas que tienen a su cargo acciones y responsabilidades propias del cargo. Todos los ciudadanos, en alguna circunstancia de la vida nos hemos visto enfrentados a momentos difíciles cuando se obstaculizan los trámites sin razón, simplemente porque al burócrata de turno no le viene en gana o pretende perjudicar a alguien en particular; se niega a despachar o resolver un asunto que tiene la obligación de hacerlo, incluso ignora la orden que le imparte su superior; se siente dueño de la situación y justifica su corruptela mediante argumentos falaces y dilatorias intrascendentes. Pero esta conducta persiste en la burocracia porque generalmente logran adular a sus jefes para que les respalden en sus fechorías en lugar de destituirles del cargo mediante un sumario administrativo; en consecuencia jefes y burócratas son cómplices del perjuicio que ocasionan a los ciudadanos que caen en desgracia al depender de las decisiones de estos malos elementos. Entre los hechos dignos de mención caben mencionar que los burócratas correístas enquistados en dependencias de los Ministerios de Trabajo y de Defensa Nacional se han empeñado en perjudicar a ex militares que luego de concluir su carrera retornaron a prestar servicios en la institución en calidad de servidores públicos por más de treinta años y que luego, forzosamente fueron desvinculados laboralmente por haber cumplido setenta años de edad. Para aplicar esta desvinculación la Ley Orgánica de Servicio Público establece que la respectiva institución debe haber presupuestado y pagado la compensación prevista en el Art. 129 de la invocada Ley. La burocracia del Ministerio de Defensa Nacional se negó a pagar tal compensación y en su lugar formuló una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre la procedencia del pago, habiendo recibido como respuesta el dictamen favorable para que se pague ya que no había ningún sustento jurídico para negarlo. No conformes con ello, a través de la ex Ministra de Defensa María Fernanda Espinosa le hicieron la misma consulta a Alexis Mera quien tuvo la audacia de pronunciarse contrariamente al dictamen vinculante y de cumplimiento obligatorio, del Procurador General del Estado.
Este es un caso para estrenar el Código de Ética que expida el señor Presidente de la República, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan por violación de la garantía constitucional respecto al discrimen y por desacato al Dictamen de la Procuraduría General del Estado.
Este mal ejemplo practicado por la Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Defensa Nacional se ha extendido a las burocracias de las Direcciones Administrativas Financieras del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea.