El informe de la CIDH sobre los sucesos de octubre parece concluir en una disputa entre el Gobierno y los indígenas. Sí estimamos que alrededor de 5000 indígenas participaron en las protestas y 1000 policías y militares salieron a las calles; mientras que la población de nuestro país es de 16 millones resulta que la preocupación de las instituciones de los derechos humanos se concentra en el 0,0004% de los habitantes del país, dejado de lado a la inmensa mayoría de la población.
Se dice que el análisis de los derechos humanos debe centrarse en la actuación del gobierno, pues los manifestantes, por organizados que se encuentren, no cuentan con una fuerza policial y militar regular. El Gobierno sostiene, y todos podemos dar fe, que las fuerzas del orden no actuaron porque no pudieron o no quisieron; frente a la agresión que sufrimos 16 millones de habitantes, quedamos atemorizados, impedidos de realizar nuestras actividades, atacados en nuestra integridad física y en nuestras propiedades, indefensos, sin que nadie se duela de nosotros.
Ahora resulta que para la CIDH ni siquiera debemos ser considerados objetos de Derechos Humanos. Curioso, por decir lo menos, que para el análisis realizado no tiene ninguna importancia todo lo que padeció la población, los perjuicios que debemos pagar entre todos para recuperarnos de los destrozos ocasionados durante las protestas, pues se debe aclarar que los bienes públicos o estatales son de toda la población. ¿Será posible que alguna de nuestras autoridades que, supuestamente, representan a la población haga notar las deficiencias mencionadas en el análisis de la CIDH?