Hay que distinguir las obligaciones que tienen dos Instituciones de Control: el Servicio de Rentas Internas y su plataforma tecnológica con una gran capacidad de respuesta, ha sido la artífice de una recaudación tributaria exitosa y ha coartado los delitos tributarios, es decir, su especialidad es recabar información tributaria y por otro lado la Superintendencia de Compañías, la gran ausente de la Comisión de Fiscalización y Control y que incluye a la Intendencia de Quito y su fortín inexpugnable que incluye la obligación constitucional en el campo netamente empresarial. Técnicamente me quiero referir y con el fin de contribuir a obtener la lista de delincuentes relacionados con “Obedrecht, Panamá Papers y Petroecuador” es bien simple, exigir que la Superintendencia de Compañías con un poco de iniciativa y con independencia honorable que investigue y reporte que empresas recibieron contratos ilegales, que dineros sucios fueron entregados por estas a los funcionarios corruptos, que empresas están relacionadas en la enmarañada red ilegal y que empresas tienen inversiones en los “paraísos fiscales”.
Estos “funcionarios negligentes” tienen la obligación moral de explicar al país y no esperar meses para la “famosa lista” si “tenemos a la mano” y poner “nombres y apellidos” de funcionarios públicos y privados que por el hecho de tener perfiles bajos y hacerse los del “ojo tuerto” no sean capaces de colaborar para combatir la corrupción y no estén dedicados a investigar como siempre a los más débiles.
Ojalá los periodistas o alguien de la Asamblea convoque a estos personajes y pidan explicaciones públicas de sus gestiones y que no vengan con “otro cuento” por ahí a justificar que han cancelado licencias por auditorías realizadas a “tiendas de abarrotes”.
Estos malos funcionarios tienen que marcharse por la ventana y rápido porque el tiempo se agota.