El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con una población aproximada de 3.474 millones, es un territorio estadounidense no incorporado que desde el año 1952 tiene estatus de autogobierno. Tras referendos realizados en los años: 1967, 1993, 1998, 2012 y el llevado a cabo el 11 de junio de 2017, los ciudadanos de la “estrella del Caribe” han elegido en las urnas su relación política con Estados Unidos (EU).
Para este último proceso eleccionario, las opciones versaron entre: (1) la independencia definitiva; (2) mantener el status quo; y, (3) convertirse en el Estado número 51 de los EU.
Los boricuas, quienes enfrentan 10 años de recesión económica, alcanzando una deuda de US$ 72.000 millones, eligieron la tercera opción con el 97% del total de sufragios, en una jornada donde el ausentismo llego a un pico histórico del 77%.
Sin embargo, al ser esta una decisión no vinculante, la última palabra sobre el futuro de Puerto Rico la tendrá el Congreso estadounidense liderado por el partido republicano, el cual podrá aprobar o no esta adhesión.
Ya en el año 2012, el Congreso de EU hizo caso omiso a la voluntad puertorriqueña de estadidad. Hoy en día, con el gobierno de Donald Trump y con una fuerte crisis financiera que azota a la isla, ¿qué interés podría hacer que dicho estatus cambie?