La sedición de la Revolución Independentista quiteña del 10 de agosto de 1809 se realizó sin contar con el respaldo del pueblo, por lo cual no tuvo una justificación inspiradora de independencia.
El objetivo principal se constituyó en establecer las condiciones para un plan de conspiración: cambio de autoridades, que eran allegadas a un grupo de patriotas quiteños aupados por la nobleza criolla, élites de la monarquía con propósitos concluyentes y fieles a España y un gobierno que juró lealtad y obediencia a Su Majestad, Fernando VII.
Estos sucesos estuvieron dirigidos principalmente al presidente de la Real Audiencia de Quito, el español, don Manuel Ruiz Urriés, Conde de Ruiz de Castilla, identificado por un gobierno ineficaz y débil.
El 25 de diciembre de 1808 se estableció la Primera Junta Soberana de Gobierno de Quito, presidida por el Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar; Juan de Dios Morales; Manuel Quiroga, abogado; el capitán Juan de Salinas; Nicolás de la Peña; Juan Pablo Arenas; Dr. José Riofrío, entre otros; la cual fue realizada en la residencia del Marqués.
El Acta de la Junta Soberana de 1809 fue carente de principios políticos, huérfana de ideología para gobernarse, sin permitir ideales de una trasformación independentista, solo sujeta al propósito de gobernar interinamente, sin el cambio a las caducas estructuras del colonialismo y vasallaje.