29 de octubre de 2017 00:00

Reglas para ONGs

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Marcos Ponce Montesinos

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En El Comercio el 24 de octubre, se publica la noticia de la expedición del Decreto 193, sobre nuevas reglas para el funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

Este paso del Gobierno actual, rectifica la anulación que prácticamente se dio en el Régimen anterior respecto a la conformación y funcionamiento de las ONG y significa una manifestación de trascendencia respecto al papel del Gobierno y de las entidades que no forman parte del sector gubernamental y trae a colación lecciones fundamentales de Ciencia Política, expuestas con lucidez y en forma convincente por el profesor de dos generaciones de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Dr. Luis Tobar Ribadeneira, quien insistía en el papel del Estado y en el peligro del desbordamiento de las facultades estatales y exponía con claridad meridiana que si el Estado copa el control e interfiere el funcionamiento de entidades que no son estatales, convierte a la sociedad en estatista y al Estado en totalitario, modalidad en la que coinciden la teoría y práctica del marxismo y del fascismo, mientras que el funcionamiento autónomo de entidades privadas, da vitalidad al conjunto social, proyecta las iniciativas individuales y favorece la cooperación internacional. El Dr. Tobar Ribadeneira decía que solo se explica la actividad del Estado, dentro del respeto y convivencia con las sociedades menores y eso recupera magníficamente el decreto recientemente expedido.

Triste situación la de un país en donde el Estado interfiere el desenvolvimiento hasta de los equipos de fútbol, como en el caso de El Nacional, de los sectores gremiales de la producción, como las Cámaras de Comercio, Industrias, etc., y de las organizaciones no gubernamentales destinadas no a competir con el Estado sino a coadyuvar el mejor desarrollo de sus fines en lo educativo, la salud, el medio ambiente, la capacitación profesional, el mejoramiento de técnicas agrícolas y toda clase de fines legítimos y mal atendidos por el poder público.

Esta nueva normativa pone término a una intervención absurda y abre la posibilidad de retomar iniciativas de particulares para el desarrollo de muchas tareas no satisfechas actualmente.
Eso sí, nunca puede dejar de existir el control adecuado y la regulación de la autoridad sobre toda clase de actividades sociales.

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