Queremos un estado pequeño, que en 30 años hubiere jubilado a los actuales empleados y sólo reponga al experimentado grupo que quedaría en la planta central para vigilar precios y términos de referencia para contratar y ejecutar el presupuesto del gobierno central y local con las empresas privadas, como siempre ha ocurrido, pero esta vez con aquellas que social y ambientalmente denoten ser responsables, y no corruptoras. Pero también para administrar, por soberanía, los sectores estratégicos, que no deben ser “monetizados”. La mayoría de empleados públicos podría ir a trabajar en los barrios: maestros, médicos, coordinadores entendidos en temas municipales, policías, fiscales, y jueces territorializados. Y un equipo de gestión eficaz en sectores estratégicos y recuperar, por ejemplo, por la captura de carbono que hacen nuestros bosques primarios y secundarios. Miles de millones que la comunidad internacional está dispuesta a pagar y que urgentemente nuestra economía requiere.