Bajo el título mencionado, EL COMERCIO publica en su edición del 30 de Diciembre un interesante comentario de Vicente Albornoz respecto a la improcedencia de aceptar las presiones políticas de determinados sectores, para que el Gobierno los siga subsidiando. Concretamente el articulista se refiere a los taxistas que exigen un tratamiento especial en el consumo de gasolina y a la oposición declarada a los servicios de transporte basados en plataformas electrónicas, a lo que tendríamos que añadir la negativa de ellos a que se autorice la incorporación de nuevos taxistas, cualquiera sea su número.
En el fondo defienden el monopolio del que quieren seguir gozando, pese a que la Constitución Política lo prohíbe porque busca la eficiencia en los servicios y en la producción, por lo cual todo artificio que altere las reglas de la “sana competencia” estaría en contra de sus principios, lo cual es aplicable también para los sectores productivos que gozan de determinados privilegios que ocultan la ineficiencia y afectan los intereses del Estado.
Si se busca libertad y eficacia en el mercado, no creo que se pueda poner obstáculos, por ejemplo a las personas que quieran exportar o importar, o simplemente fabricar o vender algo, como creo que no tendría sentido prohibir que se establezcan nuevos hoteles, o restaurantes o farmacias o peluquerías o mecánicas con el criterio simplista de que ya hay demasiados, porque si este es el caso los eficientes seguirían operando y los no rentables, desaparecerían. El mercado es el que debe determinar ello y no las autoridades.