Con el cambio de Gobierno se ha conseguido que varios sectores, antes excluidos, puedan hacerlo directamente con las autoridades. Como estábamos acostumbrados a un trato despótico y autoritario, se interpreta como debilidad del Presidente, pues “todos” ya no piden, solo exigen, sean ricos o pobres, serranos o costeños, empresarios o trabajadores, seguidores u opositores.
Los trabajadores se oponen al alza del precio de la gasolina, aduciendo la improcedencia de la condonación de obligaciones tributarias; los empresarios que ya están recibiendo el apoyo del Gobierno a través de la Ley de Fomento Productivo, se quejan del cobro de determinadas obligaciones, porque ello les quitaría “competitividad”; los agricultores de la costa reclaman por los precios antieconómicos del mercado para sus productos; los opositores por no permitírseles la participación política en las próximas elecciones; los extranjeros por no dárseles las facilidades necesarias para su ingreso al país; y, todos los ciudadanos no agrupados, que somos obviamente la mayoría, la falta de control y el contubernio en el manejo de los fondos públicos.
En síntesis, sobran los motivos de reclamo sobre todo por la corrupción de la década pasada, donde, según investigaciones de la Comisión Anticorrupción, se habrían robado más de USD 36.000 millones, con lo cual se hubiera podido satisfacer todos o, al menos, la mayoría de los pedidos. Pero vale preguntar: ¿ qué hicimos para frenar la deshonestidad del gobierno correista? Tal vez nada, por lo cual no podemos exigirle a Moreno que pague los platos rotos, siendo nosotros los responsables indirectos del saqueo.