Cuando todos los ecuatorianos racionales esperábamos un castigo duro y ejemplar a los criminales que destruyeron Quito, asaltaron un cuartel del ejército, quemaron la Contraloría y el canal 4 TV, asaltaron los pozos petroleros, destrozaron negocios, incineraron carros de bomberos y ambulancias, arrojaron árboles en llamas a los vehículos desde los puentes de la ruta viva, asaltaron complejos habitacionales particulares que integraron al apuro ejércitos de vecinos para defenderlos, destruyeron cajeros automáticos y al no poder encontrar los billetes agredieron a policías y militares, arrebatándoles sus armas de dotación y luego secuestrándolos; llamaron a gritos a las fuerzas armadas para que retiren su apoyo al Gobierno, amenazaron con formar un ejército paralelo subversivo emulando las guardias bolivarianas de Venezuela y le provocaron al país, desfalcado por Correa, pérdidas millonarias irrecuperables.
Cuando el castigo a los mercenarios era obvio, increíblemente se liberó a los pirómanos, se permitió que el asambleísta violador de los pozos siga laborando como si nada había pasado y prácticamente se agasajó a los delincuentes con la instalación en sus tobillos de grilletes de “la dignidad” a que sigan trabajando como en la Prefectura y en el Municipio.
Los financistas del atropello fracasaron en su intento de golpe de Estado y hoy tienen el cinismo de candidatizarse a la presidencia de la República y Asamblea.
Para colmo, en vez del castigo, la Comisión de Fiscalización, antes de archivarlo en la Asamblea Nacional, inicia juicio contra quien impidió la destrucción de la capital de la República. Mientras tanto, leyes como la de anticorrupción permanecen en el olvido, tanto tiempo, que sus impulsores se van muriendo todos los días.
Ese es el comportamiento de nuestra Asamblea con un triste y bochornoso 2% de credibilidad: luchando en favor de los delincuentes es como terminará su ridículo desempeño.