5 de agosto de 2018 00:00

La cárcel 4 debe cerrarse

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Manuel S. Yépez Andrade

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Los centros de privación libertad en nuestro país, conocidos como cárceles, no cumplen con su principal función de rehabilitación social a quienes han cometido algún delito y que lejos de reeducarlo en la mayoría de los casos lo van destruyendo paulatinamente, acrecentando sus afanes de odio y revanchismo social, y en vez de regenerarlo lo degeneran aún más, hasta convertirlo en un enemigo de la sociedad.

Corregir y educar deben ser los objetivos fundamentales de una eficiente política carcelaria, así al recluso de buena conducta se le debe rebajar periódicamente sus penas y al preso que trabaja se lo tiene que remunerar. La atención médica y la educación deben ser los ejes que efectivicen este cambio propuesto, para así integrar a la sociedad a la persona que ha delinquido, a fin de que se convierta en un ser útil a la misma.

La población penal debe estar agrupada y dividida por categorías: una sección destinada para el encarcelado que ha cometido delito leve por primera vez, otra para quien ha cometido delito grave, por única vez y otra para reincidente, de esta manera se evitará la promiscuidad y que los reclusos peligrosos se mezclen con los que no son y así se impediría que se cometan agresiones y crímenes entre los detenidos.

Lo que no se debe permitir y tolerar es que existan Centros Penitenciarios con ciertos privilegios como sucede con la cárcel No 4 ubicada en Quito, porque se atenta contra el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

Consecuentemente, el Gobierno debe ser fiel y sensible a este justo requerimiento y ordenar el cierre o clausura de este establecimiento carcelario.  

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