La lógica nos indica que, para cumplir con ciertas actividades, lo indispensable es tener conocimiento de ellas, de eso depende el grado de certeza, opinión y camino que debe tomarse para lograr el éxito. Si una de las funciones de la Asamblea es fiscalizar los actos del Ejecutivo, Electoral y de la Transparencia y Control Social, además de los otros órganos del Poder Público. Lo mínimo que se requiere de los asambleístas es que su comportamiento tanto político como privado le de la garantía suficiente para actuar en pro de los principios éticos con los que debe fiscalizar. Actualmente vemos que la depuración encaminada hacia las diferentes funciones, no se ha podido realizar, porque las bases de quienes las ejercen han comenzado a desmoronarse, se ve cómo algunos asambleístas han perdido sus curules por renuncia, procesos internos, destituciones, conflicto de intereses, entre otros.
Para que esta Asamblea salve la pésima calificación del 3% dada por la opinión ciudadana debe trabajar y dejar una ley en la cual, a más de la sanción moral y aislamiento de los funcionarios que se han dispuesto de los bienes públicos, respondan por ellos, con un valor equivalente al 125%, que sería restitución y beneficio relegado por el mal uso de ese bien o dinero. Sus derechos ciudadanos no podrán ser restituidos hasta que el perjuicio económico sea devuelto.
Los votantes debemos tomar muy en cuenta a quién debemos elegir, el resultado de nuestra actual situación, con problemas graves y que han ocasionado dolor y sufrimiento, en la educación sin que todos los niños estén en condiciones de recibir, salud con la falta de medicinas, hospitales y medios hospitalarios, y la seguridad con el crecimiento del narcotráfico en barrios y acoso a niños. Son algunos de los males que hoy nos aquejan, la falta de una ley que obligue a restituir los bienes del Estado dispuestos por personas deshonestas.