Centros comerciales de Quito registran fuerte movimi…
Muere alias 'El Pirata', jefe de grupo delictivo del…
EE.UU. autoriza a Chevron a reanudar sus operaciones…
Gobierno y oposición venezolana firman acuerdo para …
Guayaquil registra animada jornada de compras por Bl…
Actividad de volcán Cotopaxi se mantiene; autoridade…
Una fiesta de colores en el Desfile de la Confratern…
Se levanta el paro en Bolivia luego de 36 días de ap…

Cartas al Director / 27 de septiembre de 2022

“Las comunidades indígenas no aceptan la explotación del suelo”

Según la información de EL COMERCIO del 7 de Septiembre, el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza en el 2.019 y la Corte Provincial de Sucumbíos en el 2.018, han reclamado la vulneración de derechos a la autodeterminación y consulta previa de la comunidad Waorani; y, por otra parte revertir 2 000 hectáreas de concesiones mineras otorgadas sin consultar previamente a la comunidad Sinangoe, ordenando al Estado no solo revertir las 20 concesiones mineras ya otorgadas, sino también cancelar 32 nuevas concesiones.

Todos esos derechos reconocidos por nuestra legislación y por los tribunales que conocieron sus reclamos, pueden ser muy patrióticos, pero si se prohíbe la explotación de toda la riqueza del subsuelo y de los recursos que el Estado puede obtener de ella, con qué ingresos esperan los pueblos aborígenes que se atiendan sus propias necesidades y peor las de los demás ecuatorianos, aduciendo que todas las tierras son suyas, de sus ancestros y de nadie más.

Creo que el Estado debería normar, sin demagogia, todos estos pedidos, reconociendo las necesidades represadas del País en salud, educación, agua potable, alcantarillado, básicamente, en cuyo inventario podría incluirse, con prioridad, los pedidos de las comunidades respectivas a través de los municipios correspondientes.  

Iván Escobar Cisneros

Exijamos transparencia

¡Qué gente para fea!, es la expresión que utiliza el ciudadano de a pie -consciente de la realidad que atraviesa el país- para referirse a los cínicos asambleístas, a los politiqueros farsantes, a los nuevos ricos atracadores de fondos públicos, y a “otros demonios”. Si la normativa que rige al Consejo Nacional Electoral (CNE), no logra tamizar adecuadamente la idoneidad de los candidatos que participarán en las seccionales que se avecinan, puesto que vemos algunos impresentables cuyo currículo se asemeja más a un prontuario delincuencial, que a una hoja de vida que refleje formación y trayectoria pertinentes, son los medios informativos del país, los llamados a asumir la responsabilidad de realizar rigurosas entrevistas (sin cuestionario previamente pactado) y promocionar debates, exigiendo exponer planes de trabajo con el debido sustento para su cumplimento, lo cual contribuiría a que la ciudadanía conozca y mida el nivel de seriedad y conocimiento, y pueda decidir su voto por la mejor opción. Confiamos en que el CNE, blinde oportunamente la seguridad de su sistema informático, para evitar que se cometan fraudes como los que se han dado en los últimos años, y se obtenga resultados transparentes que convienen al país entero. Es hora de acabar con los aventureros que “cambian de camiseta” y medran de la política, que recurren a componendas -exentas de ideología coherente con las demandas ciudadanas- y a campañas mentirosas que distraen y confunden al electorado, con el único afán de alcanzar representaciones u ocupar cargos públicos, y de esta manera llegar a las arcas públicas para lograr su objetivo mayor: ¡atracar! 

Leonardo Cueva Piedra