Un artículo del estimado columnista Miguel Rivadeneira, titulado “La Corrupción no ha sido aislada” y publicado en el Diario EL COMERCIO del 07/11/2016, contiene una serie de afirmaciones que es necesario que el columnista y el diario aclaren ante la ciudadanía, ya que sus imprecisiones distorsionan la realidad y perjudican la imagen construida en la labor desarrollada por la Fiscalía General del Estado en su lucha contra la impunidad.
En una parte de su artículo, refiriéndose al tratamiento que se ha dado a los hechos de corrupción encontrados en Petroecuador, Miguel Rivadeneira escribe: “Primero fustigaron a los denunciantes, a los que se les persigue en lugar de investigar y proteger si hubiera voluntad para combatir este mal…”
Toda vez que es obligación de la Fiscalía General del Estado actuar para investigar y procesar por delitos que se habrían cometido en el país y en este caso, que podrían involucrar recursos públicos, es necesario aclarar lo siguiente: La Fiscalía no ha fustigado ni perseguido a nadie, peor a denunciantes de delitos. Quien denunció hechos de corrupción en la Refinería de Esmeraldas y en Petroecuador, fue el Ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, en mayo de 2016, señalando a Alex B., ex Gerente de Petroecuador como responsable del delito de tráfico de influencias. La Fiscalía General, con esa información y con la que posteriormente proporcionaría la Contraloría General del Estado, procedió a reformular cargos por enriquecimiento ilícito en contra del funcionario denunciado.
Ninguna otra persona ha presentado denuncia fundamentada alguna en este caso, de manera que la afirmación que hace el columnista Miguel Rivadeneira en su artículo no tiene fundamento, ya que no se ha fustigado ni perseguido a ningún denunciante y se ha procedido con prontitud y eficacia a investigar dentro y fuera del país para obtener los elementos de convicción en relación a la existencia de una posible infracción penal.
Investigación que ya está dando resultados suficientes para levantar los casos por corrupción en Petroecuador.
Si Miguel Rivadeneira se está refiriendo a la orden de prisión preventiva que el juez Blum, en derecho, emitió en contra del señor Fernando V., es bueno que la ciudadanía conozca que esa orden es parte de un proceso judicial iniciado en el año 2013, por el delito de difusión o mala utilización de información reservada, por la difusión que los acusados habrían hecho de correos electrónicos del Procurador General del Estado, conteniendo información sobre la estrategia del Estado ecuatoriano en la causa que se mantiene con Chevron por las afectaciones ambientales que la empresa Texaco produjo durante su operación en la amazonia ecuatoriana. Operaciones que causaron niveles terribles de contaminación afectando a la salud de los seres humanos, la flora y la fauna de ese lugar, caso en el que la justicia determinó el pago, por parte de Chevron, de varios miles de millones de dólares para reparar los daños causados.
En otra parte del artículo, Miguel Rivadeneira afirma: “Cada vez sale más información y se evidencia cómo han acumulado tanto dinero y han dilapidado en fiestas y viajes, en medio de la sospechosa acción lenta de la justicia, que no actuó con diligencia ni tomó medidas cautelares oportunas.” Frente a esta infundada afirmación de Rivadeneira, es preciso señalar el desempeño de la Fiscalía General del Estado en este caso:
La Fiscalía General del Estado impulsa procesos penales por actos de corrupción en Petroecuador.
1. Caso de enriquecimiento ilícito
Estado: instrucción fiscal
Procesado: Alex B. (fue gerente de Petroecuador entre noviembre 2015 y abril 2016).
Fiscal: Franklin Bravo
Jueza: Ana Lucía Cevallos
El 16 de mayo del 2016, Alex B. fue imputado por tráfico de influencias. El 10 de agosto del 2016, la Fiscalía reformuló cargos en su contra por enriquecimiento ilícito, con base en un informe de indicios de responsabilidad penal de Contraloría, que determina un depósito de 544 mil dólares en las cuentas de Alex B., que no podía justificar.
La audiencia preparatoria de juicio que estaba convocada para el este 10 de noviembre de 2016, la jueza la difirió para el 31 de enero del 2017 y sobre esta resolución judicial hemos solicitado se haga en los próximos días. Es un absurdo el tiempo que se ha diferido la audiencia.
Cronología
11 de mayo de 2016: FGE inicia la investigación previa.
13 de mayo de 2016: FGE solicita la detención de Alex B.
14 de mayo de 2016: FGE solicitó el allanamiento del domicilio donde se encontraba Alex B.
16 de mayo del 2016: FGE formuló cargos contra Alex B. y solicitó prisión preventiva.
16 de mayo del 2016: Alex B. fue detenido en Tumbaco.
24 de mayo del 2016: FGE para profundizar la investigación solicitó asistencia penal a Panamá.
10 de agosto de 2016: FGE reformuló cargos por enriquecimiento ilícito, con base en un informe de indicios de responsabilidad penal de Contraloría que determinó un incremento injustificado de más de 500 mil dólares en las cuentas bancarias de Alex B.
Nota.Debido a la extensión de esta carta su texto íntegro se publica en la página web: www.elcomercio.com