Un empresario europeo que acostumbra venir a Quito en esta época del año para asistir a las asambleas de accionistas de algunas empresas industriales en las que participa, me manifestaba su sorpresa por encontrar en este Diario una publicación ordenada por el Gobierno, sobre la cual el periódico destacaba que su texto y formato no eran de su autoría y, por tanto, no asumía responsabilidad sobre ellos. Se limitaba a reproducir lo enviado por el ente gubernamental. Esto no se ve en España actualmente, ni siquiera se dio en la dictadura franquista, concluyó el visitante.
A su vez, el domingo 20 de este mes en la noche, el canal internacional de la televisión pública española pasó un reportaje sobre la censura que la prensa vivió en la dictadura del generalísimo Franco. Uno de los periodistas que participaba en el programa, afirmó –para destacar los niveles a los que llegó la censura– que no solamente se controlaba lo que no se debía publicar, sino que se llegó al extremo de ordenar qué se debía publicar.
Estas dos experiencias confirman que la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en junio del 2013, por la sumisa Asamblea Nacional, ha afectado profundamente la libertad de prensa, pues permite un brutal e inadmisible control sobre los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. La Superintendencia de Información y Comunicación, al servicio incondicional del poder, es la ‘Inquisición’ ecuatoriana que dispone qué se debe publicar y qué no. Y de donde emanan las órdenes para que los medios den cabida a réplicas de los entes y funcionarios de Gobierno sobre cualquier publicación o comentario radial o televisivo. “Espacio ordenado por la Secretaría de Comunicación”, se escucha todos los días en las radios que sostienen programas de opinión; e incluso -sorpréndase lector- en alguna emisora dedicada exclusivamente a programas de fútbol.
De allí que, con el cambio de Gobierno en mayo de 2017 -nunca la noche es más oscura que cuando se acerca el amanecer– una de las primeras medidas deberá ser la derogatoria de esa ley, que atenta contra los derechos humanos básicos, como es la libertad de expresión.