Todas las organizaciones publicas o privadas tienen el deber legal y moral de cumplir, con sus empleados y colaboradores, las obligaciones salariales que por mutuo consentimiento y por mandato de la ley se hayan acordado.
La legislación ecuatoriana preve que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y su sueldo o salario es inembargable; pues es un medio indispensable para cubrir sus necesidades y las de su familia. por tal motivo el pais entero se ha quedado absorto e indignado al conocer que ciertos asambleístas y la vicepresidenta de la República, cuando ejerció la función de asambleísta, hayan utilizado su poder para diezmar a algunos de sus colaboradores.
El carecer de estándares morales les descalifica de por vida para ejercer una función publica que por esencia consiste en velar por el bienestar de la sociedad.
Como ecuatoriano siento vergüenza ajena, al observar el desparpajo con que se defienden, realizan declaraciones y se aferran a sus puestos.