En el Diario EL COMERCIO del 15 de noviembre pasado, bajo el título ‘El parto por cesárea desborda los límites de la OMS en Ecuador’, se analiza el penoso hecho del exceso de cesáreas efectuadas en nuestro país. También, en uno de los canales de TV de esta ciudad, se ha presentado un reportaje sobre la Violencia Obstétrica y el Parto Respetado, el cual toca el mismo tema y son una importante contribución a la campaña promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para erradicar ciertas prácticas médicas efectuadas durante el parto y que no corresponden a un trato digno a la mujer.
De acuerdo con las cifras exhibidas en dichos reportajes, cuya fuente es el Ministerio de Salud Pública, el porcentaje de cesáreas realizadas en instituciones públicas de salud de nuestro medio llega hasta el 35%, y al 70% en instituciones privadas, cuando la OMS reconoce, en forma clara, que dicho porcentaje en ningún caso debe sobrepasar el 15%, cifra que corresponde a las únicas cesáreas que pueden realizarse bajo una expresa razón médica, como preeclamsia, desproporción pélvico-cefálica, atonía uterina, etc., entre otras razones que son conocidas en detalle por cualquier especialista gineco-obstetra.
Frente a esta realidad, no es difícil establecer cuáles pudieran ser los motivos de cesáreas efectuadas al margen de las correctas indicaciones de la clínica quirúrgica.
En primer lugar, es posible una equivocación diagnóstica, y como tal, llevada a cabo sin ninguna mala fe por parte del profesional, lo cual por supuesto no lo exime de su entera responsabilidad en este acto médico. También, podría ser un requerimiento de la misma embarazada, quien por diversas circunstancias ¡no desea el parto vagina!, y que a pesar de la indispensable información por parte del profesional que lo atiende, de que su caso no es quirúrgico, escoge esta vía, aceptando todos los riesgos que esto conlleva.
Por el contrario, diferentes serían las circunstancias en las que el médico -con una total ausencia de ética- adultera la verdad para presentar el caso como quirúrgico cuando en realidad no lo es, o induce a la embarazada a pensar así. Este sería el hecho cuando el galeno desea adelantar el parto para facilitar su tiempo, o cumplir distintos compromisos, O simplemente por la facilidad de realizar la cesárea, ya que esta se efectúa previa programación, exceptuando los casos de emergencia, mientras que un parto vaginal exige una paciente espera. O también para buscar espacios de práctica para alumnos, o para el propio galeno, o simplemente para obtener mayores ingresos económicos.
El Ministerio del ramo debería implementar el debido control y disponer las medidas obligadas para evitar estas graves falencias, -intervenciones quirúrgicas efectuadas innecesariamente-. Y de requerirse, poner los casos en manos de las autoridades competentes, para investigar y sancionar a quienes estén atentando contra los derechos de la mujer en proceso de parto, lesionando su integridad física o emocional y resquebrajando el código de ética que todos los médicos nos hemos comprometido cumplir.