Política criminal
Es responsabilidad del estado, dictar y mantener en el tiempo normas claras de política criminal orientadas al restablecimiento de la paz social, sustentadas en una filosofía penal que reflexione sobre los fundamentos de la justicia, la legitimidad y los límites del derecho de castigar, los derechos humanos de las personas, el tratamiento de los delincuentes y su rehabilitación; y, el rol de la moral en la regulación de la vida colectiva.
La política criminal se caracteriza por ser un conjunto de decisiones y medidas sustentadas en la investigación científica y social de la delincuencia, con el fin de proteger a la sociedad, desmantelando las organizaciones criminales y la prevención de formas delictivas complejas.
El país requiere con urgencia institucionalizarse, distinguiendo notoriamente la misión y objetivos que tienen las fuerzas armadas y la policía nacional, sin trastocar inconscientemente su misión y visión. Las Fuerzas armadas, que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, mientras que la Policía Nacional es la responsable de la protección ciudadana y el mantenimiento del orden público.
Es a partir del año 2007 que perniciosamente el gobierno de turno, destruyó a las fuerzas armadas y a la policía nacional, especialmente, eliminando los servicios de inteligencia e investigación, creando la secretaría nacional de inteligencia, Senain, operada por civiles y policías en servicio pasivo con formación política y lineamientos del Foro de São Paulo.
Señor Presidente Daniel Noboa, sus intenciones son loables, el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, en su redacción no distingue el crimen organizado de la delincuencia común, discrecionalmente otorga ciertas facultadas y ejecuciones extrajudiciales, violentando los principios de inocencia y del debido proceso.
El problema estructural de la sociedad no se soluciona con leyes, decretos o presencia desarticulada de las fuerzas de las fuerzas del orden o el excesivo afán de llamar la atención de los ministros responsables; la sociedad sufre por la ausencia de atención real y efectiva de salud, educación, fuentes de trabajo, corrupción, discriminación, factores inciden en delincuencia común. La pobreza es generalizada.
Carlos Eduardo Bustamante Salvador
Muerte cruzada, la mejor opción para salvar al Ecuador
Por las siguientes razones considero que la muerte cruzada es la mejor opción para el Ecuador, en este 2025 que amenaza con ser el más violento de nuestra historia. Cuando visitamos en el año 2007 Borbón y San Lorenzo, en Esmeraldas, con la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, donde se vivía el contrabando de combustible hacia Colombia, así como un proceso indiscriminado de deforestación así como la contaminación del Río Santiago como fruto de la minería ilegal (J.D. Valdivieso R., 2007), ya se podía avistar que Ecuador no era esa ‘isla de paz’, concepto que ingenua o deliberadamente había sido instalado en el imaginario nacional, sino que podríamos llegar a ser uno de los países más peligrosos para vivir. Aunque la inmensa mayoría de gente ‘no tenga nada que ver’ con el dinero mal habido, fruto de actividades ilícitas provenientes no solo de la comercialización de droga -en un ‘negocio’ de muerte donde nuestros jóvenes caen, víctimas, inicialmente, de una pobreza que desde varios años atrás el país no puede hacer descender, una pequeña ‘masa crítica’ amenaza con destruir al Ecuador y convertirlo en un estado fallido. No cabe asistir a un insólito devenir de una asamblea nacional en la que casi la mitad de los asambleístas -de oposición- fueron enmudecidos por su presidente, en una insólita decisión que amenaza con ser casi institucionalizada para los próximos 4 años, muestra de una incivilidad y de un desentendimiento de lo que es gobernabilidad. El poder Ejecutivo, liderado por un joven, cuya familia viene precedida de la fama de haber trabajado desde hace décadas atrás brindando espacios de dignidad a sus trabajadores -hasta con ‘comisariatos’ propios en las fincas donde sus trabajadores se alojaban en viviendas construidas para facilitarles la vida en cuasi pequeñas ciudades; con una madre que ha dado muestras de trabajo pro pobre, y un padre al que quienes bien conocen saben la inteligencia aplicada a sus empresas, no ha podido bajar la criminalidad, por las circunstancias que le ha tocado vivir, pero fundamentalmente porque no es fácil que sus colaboradores -sin la experiencia en el manejo de la cosa pública- creen un clima laboral adecuado y lideren a decenas de miles de servidores de carrera -que son los que consiguen poner en marcha la aplicación de cualquier política pública. Nada tiene que ver la filiación o preferencia política – la inmensa mayoría de servidores públicos de carrera han servido y están ávidos de servir a distintas autoridades de distintos partidos políticos. El ‘imaginario’ de prepotencia que han creado varios de los cercanos colaboradores del presidente es lugar común de la crítica de los ciudadanos ‘de a pie’. Periodistas y analistas políticos con mucha agudeza intelectual observan impertérritos y señalan lo arbitraria, por ejemplo, de la ley que está pretendiendo la Asamblea aprobar, para, desde una visión policial y persecutoria intentar parar la ola y escalada de violencia, sin poder acompañar la visión que el presidente hubiera tenido respecto de una urgente y masiva intervención social con recursos estatales – y jamás desde una visión paternalista o asistencialista. No se puede arriesgar a que Ecuador pierda su libertad, bajo el monopolio, no solo de sus fuerzas armadas y policiales, sino ahora de nuevos agentes de ‘inteligencia’-civiles quizás, máximo valor que, conjuntamente con el derecho a la vida desde la concepción, un ser humano puede reclamar. Con la muerte cruzada se ganará en gobernabilidad, reiniciando un proceso con nuevas autoridades electorales, tras las actuales haber sido autoprorrogadas en funciones, demostrando así, que la hasta ahora frágil y meramente representativa democracia puede ser el mejor sistema, con resultados concretos, para bienestar de las inmensas, y desde hace tantos años postergadas, mayorías. Para cualquier ciudadano y mucho menos para matemáticos, estadísticos, o para economistas, o para el propio presidente de la República, debe ser insólito dar crédito a que el partido opositor a este gobierno haya, en los cómputos, retrocedido en votación en 15 mil de las 40 mil actas escrutadas. Con nuevas autoridades, probablemente desterremos el resentimiento e impotencia de millones de personas que votaron por la opción electoral que no está en el poder, y tengamos alternativas diferentes a la de pretender aumentar la edad de jubilación, en lugar de pensar en pagar los más de 20 mil millones que se adeudan al IESS, o la de pretender disminuir los montos de jubilación, en lugar de hacer pagar los casi 3 mil millones de dólares a malos empresarios que retuvieron los débitos por aportaciones y jamás los trasladaron al Seguro Social. El IESS -que ya no debe por ley estar liderado por el representante del presidente sino de los afiliados y jubilados, debe eliminar o financiar la decisión de cubrir a cónyuge y menores de edad, hasta hacer efectivo el derecho de todos a la salud pública, dejando que todo Ecuador sea atendido en el Ministerio de Salud y sus hospitales y dispensarios. La urgencia de salvar al IESS, que debería ser socio de los sectores estratégicos de Ecuador como el petróleo, minería, telecomunicaciones -cuya negociación debería ser debidamente transparentada- Banco del Pacífico, Seguros Sucre, con mecanismos para su salvataje, o de que el BIESS pase a ser banca de primer piso, es tan fuerte como la de rescatar la libertad para los negocios hoy extorsionados, una libertad ahora amenazada con una ley que con toda seguridad no pasará el control constitucional. La muerte cruzada es un imperativo a ser propuesto, y el presidente Noboa, en un acto histórico y vital para la nación, podría tomar la iniciativa.
Diego Fabián Valdivieso Anda
