Quito, 28 de noviembre de 2024
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador -ASOBANCA- respeta el derecho a la libre expresión, pilar fundamental de toda democracia. En ejercicio de este mismo derecho y en ejercicio del derecho a la réplica, con el objetivo de aclarar, desmentir y desmitificar las afirmaciones contenidas en la columna de opinión titulada “Turismo bancario”, publicada el 24 de noviembre de 2024 escrita por el Sr. Guido Calderón, cordialmente solicitamos a ustedes publicar el siguiente texto:
En la columna de opinión de marras se menciona que los bancos no tienen controles para el lavado de dinero
Las afirmaciones en la columna sobre la participación del sistema bancario en actividades ilícitas son claramente tendenciosas y carecen de fundamento. Los bancos privados cumplen estrictamente con las normativas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El sistema bancario privado es el sector que más antigüedad tiene en el Ecuador en aplicar controles en materia de prevención de lavado de activos, así lo ha venido haciendo desde los años noventa con, la ya derogada ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, hasta la actualidad.
En ese sentido, el compromiso del sector bancario privado en la lucha contra el lavado de activos es permanente, que se demuestra además con la aplicación de acciones que la normativa nacional e internacional disponen para la prevención de lavado de activos.
Tan es así, que el Informe de Evaluación Mutua de Ecuador, realizado por GAFILAT en 2023, destaca que los bancos privados son el sector que presenta un nivel más alto de comprensión de los riesgos de lavado de activos y ello les permite implementar medidas de mitigación dentro del ámbito de las facultades que les atribuye la ley.
GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América Latina y forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad especializada específicamente en el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional.
La evaluación mutua, a la que antes se alude, es un ejercicio de auditoría que califica la solidez de los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) de los países miembros.
Dicha evaluación se lleva a cabo con base en la Metodología de Evaluación elaborada por el GAFI y aprobada por el Pleno de Representantes del GAFILAT y se ejecuta con expertos técnicos de varios países distintos del país evaluado, es decir esta metodología es estándar, se aplica en todo el mundo de la misma forma y se realiza por personas independientes.
Asimismo, vale la pena resaltar que los bancos privados del Ecuador, en cumplimiento de la normativa vigente, reportan oportunamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) aquellas operaciones que superan el umbral establecido y aquellas operaciones inusuales o sospechosas. Además, proporcionan la información requerida por la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía General del Estado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la misma UAFE para las investigaciones correspondientes.
En 2023, se registraron 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), equivalentes a un promedio de 12 reportes diarios, por transacciones inusuales o injustificadas que no coinciden con el perfil económico de los involucrados y que, de acuerdo con el mandato legal, son remitidas a la UAFE para que sean evaluadas, investigadas y presentadas luego por esa entidad a la Fiscalía General del Estado.
En este contexto, el sistema financiero privado colabora de manera permanente y activa con la Fiscalía y la Policía, respondiendo de manera oportuna a los requerimientos de información que estas entidades solicitan, apoyando así las labores de inteligencia, investigación y sanción dentro del marco legal establecido.
Se menciona que los bancos no hacen inclusión financiera
De acuerdo con información del Buró de Crédito AVAL, entre enero y octubre del año 2024, hubo 41.518 personas que accedieron por primera vez a un crédito en el sistema bancario privado. Esto implica que los bancos privados, en promedio, impulsaron la inclusión financiera, mediante acceso a crédito, de 4.152 personas en promedio cada mes.
En el mismo periodo, estos nuevos clientes, obtuvieron un total de USD 148 millones en créditos. De ese total, el 54% (USD 88 millones) se destinaron a actividades productivas y el 46% (USD 68 millones), a satisfacer distintas necesidades de las familias ecuatorianas.
La inclusión financiera de los bancos privados, también se enfoca en jóvenes menores de 25 años, que buscan impulsar sus emprendimientos y proyectos. En los diez meses de 2024, 93.208 jóvenes accedieron a crédito, y 6 de cada 10 operaciones fueron destinadas a microcréditos.
Entre enero y octubre de 2024, un total de 731.110 personas naturales accedieron a créditos por un monto de USD 7.366 millones, incluyendo tanto a nuevos clientes como a los ya existentes. Del total de clientes, el 49% fueron hombres y el 51% mujeres. En particular, las mujeres optaron principalmente por el microcrédito, representando el 59% de las nuevas operaciones en este segmento, lo que equivale a 222 mil operaciones. Este dato resalta el importante rol que las mujeres están desempeñando en el acceso a financiamiento.
Por otra parte, entre enero y octubre de 2024, 53.525 personas se incorporaron al sistema financiero formal, también por primera vez, a través de una tarjeta de crédito y realizaron operaciones con sus tarjetas por un monto de USD 42 millones.
Hasta octubre de 2024, los bancos privados reportaron 3’151.401 personas naturales y 37.630 empresas con créditos otorgados y vigentes en su cartera de crédito.
La inclusión financiera no solo implica el acceso a productos y servicios bancarios, sino también el apoyo a iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible.
En este sentido, la banca apoya diversos sectores a través de productos crediticios, financiando proyectos de construcción sostenible, emprendimientos liderados por mujeres, reciclaje y gestión de residuos, así como la producción más limpia, entre otros. También impulsa iniciativas en agricultura, acuacultura y manufactura sostenible, además de fomentar el transporte sostenible.
A lo largo de los años, el sistema financiero privado ha trabajado continuamente en mejorar el bienestar financiero de sus clientes y la sociedad, implementando iniciativas alineadas con estándares internacionales de sostenibilidad lo que es destacado a nivel internacional por organismos internacionales, quienes miran a los bancos privados del país, como un referente global.
Se menciona que los bancos cobran intereses altos
Hace 17 años, el Estado ecuatoriano, mediante diversas reformas legales, intervino en el sistema financiero fijando, a través de normas, un límite o techo a las tasas de interés activas. En ese sentido, las tasas de interés activas son fijadas por entidades estatales.
Es importante mencionar, que si bien poner límites a las tasas de interés activas perseguía el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento de más ecuatorianos, los resultados han sido contrarios a los que se buscaba.
Aunque la intención era dinamizar el crédito, en la práctica se ha limitado el acceso, especialmente para emprendedores, generando exclusión financiera, distorsiones en el sistema y concentración del crédito en menos manos.
Es decir, fijar mediante normas o decisiones administrativas los límites o techos a las tasas de interés o bajarlas vía normativa no amplía el financiamiento, lo limita. De hecho, se han conducido diversos estudios locales e internacionales que lo demuestran.
Según datos de Global Findex 2021, un estudio del Banco Mundial que se realiza en más de 150 países, en Ecuador solo 2 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen acceso a financiamiento formal, mientras que el resto recurre al “chulco”, enfrentando tasas exorbitantes y riesgos para su integridad. De acuerdo con un estudio de Equifax (agosto de 2021), los prestamistas informales cobran tasas de interés de hasta 1.200% anual.
Esto ha sido el resultado de aplicar una política de techos de tasas de interés activas, que impide que aquellos ecuatorianos que necesitan un crédito, pero que no tienen historial crediticio, no poseen garantías y tienen ingresos variables, puedan acceder al sistema formal y obtener en él un crédito.
El problema en Ecuador no es la tasa de interés activa, como se sugiere en el editorial, sino el acceso al crédito. Es por ello que, cualquier cambio legal debe apuntar a facilitar el acceso a financiamiento formal y como lo han demostrado diversos estudios locales e internacionales, la idea de reducir por ley la tasa de interés no es el camino.
Se deben crear las condiciones para atraer más inversión extranjera, promover más ahorro y más liquidez a la economía, para que esa nueva liquidez genere un espacio de reducción de tasas, tal como ocurre en cualquier otro tipo de mercado cuando hay más oferta.
Según un estudio del Banco Mundial (octubre, 2020) en 108 países, muestra que la imposición de límites a las tasas de interés restringe el acceso al crédito, sobre todo a las personas de escasos recursos y las pequeñas y medianas empresas. Concluye que, cuando se reducen las tasas de interés por normativa, se provoca una represión financiera y hay menos crédito para familias y empresas.
Se menciona que el sistema bancario es cerrado y no tiene competencia internacional
En Ecuador no existe ninguna normativa que impida la entrada de nuevos competidores al mercado, ni locales y menos aún internacionales. De hecho, de los 24 bancos privados que tienen operaciones en Ecuador, actualmente 7 tienen capital extranjero.
Lamentablemente, aquellos bancos globales que iniciaron su expansión en la década de los noventa no llegaron al país. De hecho, aquellos bancos latinoamericanos que están en expansión en esta década no han considerado al Ecuador en sus planes y claramente, las razones para esta situación, es la gran cantidad de regulaciones, controles y distorsiones que hacen que el negocio bancario en el país no sea atractivo para ellos.
Un claro ejemplo de esto fue el intento de venta del Banco, cuyo único accionista es el Estado. A pesar de que el Estado consideró la posibilidad de monetizar ese activo a través de su venta, todo el marco jurídico que comentamos anteriormente impidió la llegada de nuevos inversionistas.
En el proceso realizado entre 2021 y 2022, participaron 34 entidades financieras internacionales. Inicialmente, seis mostraron interés, y dos de ellas realizaron un exhaustivo proceso de debida diligencia. Sin embargo, la venta no se concretó.
Además de existir un control absoluto, fijación y reducción por ley a las tasas de interés activas, a la fijación de tarifas por parte del Estado (con costo cero más del 80% de la transaccionalidad de servicios), a la necesidad de contar con autorizaciones para las más cotidianas iniciativas de ampliación del acceso a servicios bancarios, a la particular y excesiva carga tributaria del sector, a los altos riesgos reputacionales derivados de ataques políticos, se suma la inestable y en ocasiones inexiste seguridad jurídica.
Se afirma que los bancos viven tecnológicamente una década atrás.
Contrario a la afirmación de que el sistema bancario “vive una década atrás” en términos tecnológicos, las instituciones financieras en Ecuador han realizado inversiones significativas en innovación.
La implementación de plataformas de banca en línea, aplicaciones móviles y sistemas de pago electrónicos ha modernizado la experiencia del cliente, alineándose con estándares internacionales y mejorando la eficiencia operativa.
La tecnología y la digitalización han transformado el sistema financiero ecuatoriano, facilitando el acceso a servicios más rápidos, seguros y accesibles, especialmente a través de aplicaciones móviles y canales digitales.
Con información al 2023, el 59% de las transacciones que se efectúan en el sistema bancario privado se realizan por medio de canales digitales. Este avance, acelerado por la pandemia, ha impulsado un aumento significativo en las transacciones digitales, con un crecimiento anual del 45,6% en 2023. Además, el uso de inteligencia artificial y big data ha mejorado la personalización de servicios, la gestión de riesgos y la prevención de fraudes, todo mientras se promueve la inclusión financiera, acercando los servicios a más personas
Es preocupante que se utilice un medio tan influyente como El Comercio para difundir opiniones cargadas de inexactitudes que desinforman a la ciudadanía y desvirtúan el trabajo de un sector comprometido con el progreso del país.
Las afirmaciones presentadas no solo son erróneas, sino que además ignoran deliberadamente los avances y esfuerzos tangibles realizados por las instituciones bancarias privadas para enfrentar los desafíos económicos y sociales del Ecuador.
Exhortamos a que los editoriales respalden sus opiniones con datos concretos y verificables, y eviten caer en discursos que no tienen, sino por objetivo promover la desinformación, la subjetividad y la polarización.
Atentamente,
DR. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ P.
Presidente Ejecutivo
