La política ambiental del BID y su aplicación en el Valle de Uravía
“Principio de “quien contamina, paga”: enfoque según el cual quien genera contaminación debería sufragar el costo de su manejo para evitar daños a la salud humana o al medio ambiente.” (Marco de Política Ambiental y Social, BID, 2020)
Según la página web del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la institución está comprometida con el objetivo de “no dañar” a las personas ni al medio ambiente en el marco de los proyectos que apoya, para lo cual promueve el establecimiento de disposiciones claras para la gestión efectiva de los riesgos e impactos ambientales y sociales emanados de los proyectos y, cuando es factible, facilita una mayor sostenibilidad social y ambiental más allá de la mitigación de los riesgos e impactos adversos.
El Marco de Política Ambiental y Social del BID, en vigencia desde septiembre del 2020, establece un enfoque sistemático para la gestión de los riesgos ambientales y sociales que protege a las personas y el medio ambiente y está armonizado con las prácticas óptimas internacionales.
Al referirse al agua y saneamiento, este instrumento legal dice que el Banco apoya proyectos de expansión y modernización de los servicios de agua potable y saneamiento, buscando garantizar su acceso equitativo y sostenible, y que también promueve la gestión integrada de los recursos hídricos para mitigar los efectos del cambio climático y preservar los ecosistemas.
También dice que el BID exige a sus prestatarios no implementar proyecto alguno en hábitats críticos, a menos que no exista otra alternativa viable y el proyecto pueda ejecutarse sin impacto adverso alguno apreciable en los valores de biodiversidad o los procesos ecológicos que la sustentan.
Por otro lado, este marco legal reconoce la importancia del patrimonio cultural para las generaciones actuales y futuras y, de conformidad con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, esta normativa tiene el objetivo de asegurar que los prestatarios protejan el patrimonio cultural al llevar a cabo actividades en el marco de sus proyectos.
Hago este pequeño resumen de lo expuesto por el Marco de Política Ambiental y Social del BID, ya que se encuentra en ejecución un proceso financiado con préstamo de Banco Interamericano de Desarrollo – (BID), Contrato de Préstamo no. 4759/CC-EC, Resolución de Adjudicación no. EPMAPS-UC-02-2022, “Servicio de consultoría para realizar los interceptores y actualización de la planta de tratamiento de aguas residuales sector Checa”.
Precisamente, este estudio de factibilidad – financiado con préstamo del BID -, se pretende realizar sobre el valle de Uravía, un ecosistema frágil, lleno de humedales y fuentes de agua, hábitat de flora y fauna en peligro crítico de extinción, como son lobos de páramo, preñadillas, ardillas andinas, entre otras, que viven en este corredor verde, que tiene uso de suelo protección ecológica, protección de quebrada y ribera de río, y por si fuera poco, es un yacimiento arqueológico – cuna de los chilpes -, debidamente inventariado en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE), bajo el número AY-17-01-59-000-09-000005 desde el año 2009, a más de estar cruzado de norte a sur por el Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el 2014.
Ante la queja que hemos presentado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – queja 11491 / Programa EC-L1242 -, tenemos la seguridad de que este alto organismo internacional, aplicará sus propias recomendaciones contempladas en el Marco de Política Ambiental y Social y desistirá del financiamiento de los estudios para una posible implantación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la parroquia de Checa, DMQ. Sobre el milenario valle de Uravía.
Alfonso López J.
