Cartas a Quito / 26 de mayo del 2023
Reforma tributaria saludable, una utopía para el Ecuador
“Salud anticipa ejes de impuestos saludables y surge idea de gravar nutrientes y alimentos con sellos” es uno de los titulares que publica Diario el Mercurio de Chile, un extracto de misma, informa que el Gobierno y el Ministerio de Salud (MINSAL), presentará durante el segundo semestre de este año, la “Reforma Tributaria Saludable” esto, con el único objetivo de orientar el cambio de hábitos de vida de los chilenos y que prevengan a futuro riesgos en la salud para su población. En el foro “Tributación Saludable: impuestos correctivos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas” que fue organizado el 18 de mayo por la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL. Andrea Albagli, subsecretaria del Ministerio de Salud Chileno manifestó que uno de los objetivos de la reforma tributaria saludable es “disminuir la carga de enfermedades asociadas al consumo de sustancias nocivas de la salud y el ambiente, corregir las externalidades negativas asociadas al consumo de productos nocivos a la salud, alcanzar una estructura de impuestos progresivos y alinear la estructura de impuestos correctivos a las mejores prácticas y recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros”, puso como ejemplo a México, que en el 2014 implementó una política fiscal para disminuir el consumo de bebidas nocivas para la salud.
Ecuador, al contrario, no participa de ejecutar este tipo de políticas públicas, recordemos que, a mediados del mes de enero, el presidente Guillermo Lasso a través del decreto 645, dispuso que se rebaje el impuesto a los consumos especiales (ICE), para las bebidas alcohólicas, gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, la cerveza artesanal e industrial, fundas plásticas y alcohol puro.
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, insta a la sensibilización y a la comprensión política y pública sobre la carga que representan el incremento de enfermedades crónicas y catastróficas, en especial, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) resultantes muchas de ellas, del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y azucaradas (gaseosas), y que, gracias a la reducción de impuestos serán más asequibles a la población ecuatoriana. La hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el cáncer, entre otras, a mediano y largo plazo encenderán los semáforos del perfil epidemiológico ecuatoriano, por lo que conminamos a que toda política pública, debe ir perfectamente planificada, diseñada y analizada en base a evidencia científica a nivel internacional con un claro enfoque en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades contribuyendo a mejorar el bienestar físico, mental y social de la población.
Marco Eduardo Herrera Herrera
“Corte Constitucional no puede politizarse”
El Presidente Lasso aprobó por fin la “muerte cruzada”, una de las decisiones más esperadas por los ciudadanos que no pertenecemos a ninguno de los partidos políticos, acogiéndose a una norma expresa de la Constitución Política vigente, que fuera expedida en Montecristi con el aplauso del Presidente de esa época Rafael Correa; sin embargo, son ahora los correistas los más opuestos a tal resolución, esperando que la Corte Constitucional se pronuncie en contra, pese a que dicho cuerpo legal prevé tal pronunciamiento, “solo en el caso de que la Asamblea se arrogue funciones que no le competen”; pues, en derecho público, solo se puede hacer lo que expresamente la ley lo faculta y el Art. 148 que respalda esta atribución exclusiva del Presidente de la República, no requiere de ello.
Diferente es el caso de los Decretos que se expidan, mientras no entren en funciones las nuevas autoridades, que necesitan obligatoriamente del dictamen previo de la Corte Constitucional para entrar en vigencia, hasta que la nueva Asamblea los ratifique o derogue.
Es de esperar que los acercamientos políticos públicos del Presidente de la Corte con la CONAIE no afecten la seriedad y legalidad de un asunto tan importante para el País.
Iván Escobar Cisneros
