La ansiedad tras subirse al vagón del Metro de Quito
No recicle, tras pasar por el lector del código QR, la factura de pago que le entregan al cancelar cuarenta y cinco centavos para ingresar al Metro de Quito, porque podría terminar con una orden de pago por una absurda -y de seguro próximamente declarada inconstitucional- multa de $460 que ha dispuesto cobrar, por usuario, la Operadora del Metro y el Municipio de Quito a quienes no la tengan en su poder. Quienes idearon y aprobaron esta absurda y desproporcionada medida seguramente vieron que Cuenca tiene el sistema de fiscalización posterior y aleatorio para los usuarios del Tranvía que pueden libremente ingresar al vagón -se entiende que habiendo cancelado su boleto en los dispensadores automáticos que hay en las aceras. Pero es que es diferente: en Quito la persona no puede bajar al andén para acceder al vagón si no pasa por los varios lectores del código QR que están instalados a pocos metros de las boleterías bajo la estricta mirada de varios supervisores que se entiende deben ayudar a agilizar su lectura -más de uno no lo hace. ¿Se imaginan el descontento y afectación a la salud de los empleados de boletería repitiendo a los miles de usuarios que cuiden esa valiosísima garantía, o la contaminación visual por publicitar esa absurda disposición? ¿Se imaginan la ansiedad -y hasta el irracional deseo de bajarse en la más próxima estación- que sentirá el padre o madre de una numerosa familia, o un extranjero que por primera vez visita el Metro y trata de entender el tétrico aviso -locutado en español cuando ya está adentro del vagón- porque no tiene idea de dónde guardó la pequeña facturita de pago? ¿Cuánto tiempo pasará, luego de que se deje sin efecto esta desproporcionada e ilógica medida, para que se destierre del imaginario colectivo que hay que “guardar el ticket para que no le multen con un salario básico unificado en el Metro a cada persona que pierda su factura de pago”? ¿Pensó la empresa Operadora del Metro de Quito en cuánta gente va a ahuyentar porque con la Alcaldía se pusieron de acuerdo en este absurdo que nos hace aparecer como un país con procesos subdesarrollados? ¿Por último, si temen que algún desadaptado ‘salte’ por los lectores de códigos -un casi imposible que rápidamente sería neutralizado por los supervisores y agentes de seguridad, por qué no pensaron que aun siendo posible revisar las cámaras para ver si una determinada persona hizo o no el pago, esta pudiera demandar y seguro ganar -entiéndase a la ciudad, que la financiamos todos con nuestros impuestos- por daños y perjuicios porque le hicieron llegar tarde a tal parte? Con esa absurda, innecesaria y nueva medida confiscatoria, están creando un imaginario de hostilidad, falta de transparencia, discrecionalidad y abuso de poder en el Metro de Quito.
Diego Fabián Valdivieso Anda
