Archivar ilógico Reglamento a la ley de turismo
Es el turismo interno el que en su inmensa mayoría mueve la economía de restaurantes, bares, vuelos, hoteles, alojamiento en hogares, transporte turístico en Ecuador: basta ver la cantidad de carros y buses interprovinciales que se desplazan a Baños de Agua Santa, Cuenca, Loja, Tonsupa-Atacames, Manabí, Cotacachi, Otavalo, etc. con ecuatorianos que no necesitan guía de turismo salvo caso de guías locales que son irremplazables y que diariamente están capacitándose, en la práctica, en la ardua tarea de guiar. En contraste, basta ver el escasísimo número de turistas extranjeros en esos cantones, o que llegan a Quito a visitar la Mitad del Mundo (los dos museos representativos, el antiguo y el de la ubicación precisa), la Compañía de Jesús, el Cotopaxi u Otavalo, etc. y dividir esa cantidad para los cientos de guías, para darse cuenta de que debe ser verdad lo que dice una guía que inteligente y oportunamente reclama el archivo de una ilógica propuesta de reglamento a la Ley de Turismo: “en el 2024 pude guiar en solo seis ocasiones”. Uno de los absurdos argumentos que se estaría esgrimiendo para que los guías paguen por una ‘patente’, es que ‘no realizan un servicio turístico, sino que se benefician de una actividad turística’, erróneo criterio que lo único que hace es desmotivar a quienes tienen formación de tercer nivel -algunos de cuarto nivel- y se han capacitado para desplegar su conocimiento y hacer conocer y brillar, in situ, lo que las autoridades han sido incapaces de mostrar en el exterior durante lustros de dispendioso e infructíferos gastos y viajes de los mismos de siempre funcionarios con sueldos dorados de libre remoción. Además de que el guía tiene, por derecho constitucional, la libertad de trabajar, y no estar anclado a una agencia de viajes -que tiene su propio giro de negocio y guías propios, este intento de política confiscatoria de pretender ‘certificar’ a los guías seguro merecerá un dictamen de inconstitucionalidad. ¿Se imaginan que los médicos no puedan ejercer su profesión porque no trabajan en un hospital? ¿O que los mismos profesionales deban pasar cursos cada cierto número de años que los certifiquen como aptos para desempeñarse en el cargo? ¿Y así para todas las profesiones? Y para rematar el absurdo, ¿se da cuenta el Ministerio de Turismo, y sus funcionarios de libre remoción -que en su mayoría jamás habrán guiado, que en redes sociales una persona, ignorante esa sí de lo que habla, y que no está sujeta a ninguna responsabilidad ulterior, puede causar tanto daño (“103 mil vistas” en un programa producido por una persona extranjera), al decir barbaridades como que Eugenio Espejo es el fundador de Quito, o no aclarar que el sombrero de paja toquilla tiene su cuna en Montecristi, etc.? Insisto, hay que eliminar, en la Ley de Servicio Público la ‘libre remoción’, que solo daña el ambiente laboral de las instituciones, y que pretende, como podemos apreciar, de manera poco transparente, abusiva y discrecional, imponer certificaciones no se sabe a través de qué empresa o qué consultor. Los partidos políticos deben dejar de ser agencia de empleo y dejar de aupar a los patéticos funcionarios políticos de libre remoción (gerentes, directores, asesores, coordinadores), que no contribuyen -con honrosas excepciones- sino a incrementar el déficit del erario nacional así como a dañar la imagen del país y desalentar a quienes sí saben cuidar de los recursos públicos y dar continuidad a los proyectos, como son los servidores de carrera, a quienes jamás se les habría ocurrido semejante despropósito. Dejen trabajar, en libertad, a los guías de turismo, y pongan coto más bien a los pseudo guías que aparecen en las incontroladas redes sociales. La palabra la tienen el Ministerio de Turismo, el de Telecomunicaciones, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.
Diego Fabián Valdivieso Anda
