A propósito del triunfo de Macri en Argentina y el consecuente fin a la era Kirchner que ha durado 12 años, la prensa gubernamental se ha llenado de lamentos respecto a lo que denomina la vuelta de la derecha y la pérdida de los logros alcanzados por los gobiernos “progresistas”. Y como tal califica al régimen de Cristina Fernández en Argentina, que entregará un país con inflación de más del 30% anual, caos en el ámbito cambiario, con cotizaciones en el mercado paralelo del dólar que superan en el 50% al oficial, contracción en los negocios, estadísticas manipuladas, corrupción manifiesta y enriquecimiento desvergonzado de los altos cargos y de la propia pareja presidencial, desempleo creciente, graves limitaciones a la libertad de prensa, intentos por perennizarse en el poder y falta de independencia de los jueces.
Y, mutatis mutandi, similares condiciones se podrían aplicar a los regímenes de los países autodenominados del socialismo del siglo XXI. El caso del Gobierno de Venezuela constituye la máxima expresión de corrupción y de feroz azote a las libertades y al bienestar de su pueblo. “Una trama vinculada al chavismo blanqueó más de 1 400 millones en Andorra” titulaba el ABC de Madrid en su edición del 5 de noviembre. En la investigación señalaba que (la trama vinculada al chavismo) “formada por jefes de la petrolera estatal y políticos, y nutrida con dineros de la corrupción, movía los fondos desde Banca Privada de Andorra”. Y continuaba: “Las autoridades judiciales del Principado investigan una gigantesca trama de blanqueo de dinero vinculado al núcleo duro del régimen venezolano que habría lavado más de 1 400 millones de euros a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) entre 2006 y 2012. 24 son las personas físicas sobre las cuales ha pedido información Andorra a las autoridades norteamericanas y venezolanas. 42 son las sociedades que están siendo analizadas por los investigadores del Principado”.
¿Son gobiernos progresistas aquellos que favorecen el “progreso” de los grupos gobernantes?