15 de noviembre de 2019 00:00

Cárcel para los vándalos y terroristas

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Las últimas movilizaciones y protesta social, promovidas por dirigentes indígenas y de trabajadores, no fueron pacíficas, como lo exige la ley, sino de una inusitada violencia y vandalismo propiciadas por infiltrados y desadaptados sociales, la mayoría identificados con el expresidente Correa actualmente prófugo de la justicia, públicamente instigó a la desestabilización, mientras que sus seguidores y algunos delincuentes e indígenas, participaban en actos vandálicos y terroristas, con el propósito de derrocar al gobierno legalmente constituido. Los actos terroristas y de barbarie, como los cierres de carreteras, saqueos, ataques a la propiedad pública y privada, a los pozos petroleros, al oleoducto, a las fuentes y suministro de agua, al espacio radioeléctrico, atentados contra el edificio de la Contraloría que lo quemaron, así como el ataque e incendio a los medios de comunicación, la tentativa de asalto a un cuartel militar, el secuestro temporal de militares y policías así como el maltrato físico, configu
ran los siguientes delitos que tipifica el Código Orgánico Integral Penal:

Art. 336. Rebelión contra la seguridad pública, prisión de 5 a 7 años en unos casos y de 7 a 10 años en otros. Art. 345. Delito de sabotaje, destrucción de entidades públicas o privadas, prisión de 5 a 7 años, si se destruyere infraestructura de sectores estratégicos de 7 a 10 años de prisión. Art. 346. Paralización de servicio público 1 a 3 años de prisión, Art 347. Destrucción de registros, documentos originales de autoridad pública o procesos judiciales, 7 a 10 años de prisión. Art. 349. Participación en grupos subversivos, o de combate, 5 a 7 años de prisión. Art. 364. Incendio a edificios, de 10 a 13 años de prisión. Art. 367. Financiación al terrorismo, 7 a 10 años de prisión. Art. 189. Delito de Robo, prisión, de 5 a 7 años. Art. 161. Secuestro de personas de 5 a 7 años de prisión. Art 148. Delito de lesiones prisión de 3 meses a 3 años.

El país exige que los autores de estos delitos sean drásticamente, juzgados y sancionados. No a la impunidad.  

Manuel S. Yépez Andrade

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