Cartas al director / 27 de octubre del 2021

Cambios en el sistema de contratación pública

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp) rige desde agosto del 2008 y atiende a la necesidad de contratar obras, bienes, servicios y consultoría, cumpliendo principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad, que garanticen la participación en igualdad de condiciones de todos los proveedores, así como el óptimo uso de los recursos públicos y el fomento del desarrollo nacional, a través de la participación de la industria, pymes y artesanos.

La Losncp original ha sufrido modificaciones y alrededor de ella se han dictado una serie de normas y reglamentos que han tenido como objetivo regular adecuadamente la contratación pública, estableciendo marcos rígidos de aplicación obligatoria y general, a la par que, aunque parezca contradictorio, con igual o mayor intensidad, se han realizado toda clase de esfuerzos por eludir el sometimiento a las normas antes señaladas, por considerarlas tortuosas o inconvenientes a los intereses institucionales de oportunidad, eficiencia y efectividad que la alejan de lo que es la contratación privada.

Sin desconocer los avances en el ámbito de la contratación pública, es necesario efectuar ajustes, como pasar de un sistema centralizado a uno de descentralización evitando la concentración del control de los procesos que ha causado problemas de manipulación, demoras innecesarias y falta de empoderamiento de la contratación en las instituciones contratantes.

La Plataforma o portal debe ser particionada para que sea controlada por las instituciones contratantes del sector público, empresas públicas, empresas eléctricas, así cada una de ellas tendrían su propio Registro de Proveedores calificados bajo su responsabilidad con la rigurosidad que sus Bienes, obras y servicios (BOS) lo exigen en función de los factores críticos de éxito institucionales y no ocurra lo de ahora, que existen proveedores por cientos, que nada tienen que ver con lo que se contrata o compra y, de igual manera el catálogo de Bienes, obras y servicios (BOS) que es imposible sea normalizado de una manera centralizada, debido a que cada institución tiene sus particularidades y conoce a fondo lo que desea contratar, así como a los proveedores que existen en el mercado.

Se debe reestablecer los comités de contrataciones en cada institución en la cual participe un delegado de la Contraloría General del Estado o de la Auditoría Interna y estos comités a su vez que nombren y controlen las Comisiones de Contratación para cada proceso de contratación.
El Sercop seguiría siendo un órgano rector, con funciones normativas, control preventivo de los procesos de contratación y mantenimiento de la plataforma.  

Rommel Valverde Mora

Las funciones políticas

Dentro de las funciones de un Estado, tres son vitales para mantener la democracia. En nuestro país, con la Constitución de Montecristi, se sumaron dos funciones: la Electoral y la de Transparencia y Control Social.

El ejercicio de gobernar es el arte de mantener en forma continua la soberanía del Estado y el de controlar y dirigir las políticas administrativas para que el Estado funcione, evitando la manipulación que regularía las actividades sin soberanía y sin la autoridad necesaria, que determine como mantener las políticas básicas de subsistencia.

A través de 14 años de vigencia, la Función Electoral se ha quedado en un enunciado, que es el evaluar pasados comicios, a fin de implementar mejoras en futuros procesos electorales; actualmente, muchas de las personas elegidas, no son las más idóneas para representar los intereses del pueblo, tal cual se observa en asambleístas, que no distinguen entre los valores éticos y la responsabilidad de corregir leyes que están ocasionando un auge delictivo, tanto en el control de bienes del Estado, como en la seguridad diaria de la población.

Con la Función de Transparencia y Control Social, no se observa, la creación de políticas que ayuden a tener un Estado más transparente y que mejore el control social, tan necesario para la tranquilidad ciudadana. Estas dos funciones han ocasionado confusión, tanto en la elección de funcionarios, como en los resultados de sus actuaciones, tenemos los casos del último Alcalde de Quito y del Defensor del Pueblo. Estas funciones tampoco cumplen con el ejercicio de gobernar para mantener en forma continua la soberanía.

El arte de gobernar exige que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, desde sus respectivos puntos de vista, aúnen esfuerzos para que el pueblo que los eligió puedan disfrutar de mejores días. No se trata de hacer la contra a proyectos que con buena intención son presentados por el Ejecutivo, sino de estudiarlos y mejorarlos para beneficio de todos. La pugna de poderes no es otra cosa que observar cómo dos pugilistas tratan de tumbarse, logrando poner fuera de combate al observador, que es el pueblo ecuatoriano.  

Julio César Palacio Barberán

El Ecuador apoya a su presidente

La ciudadanía defendió como su representante a Guillermo Lasso Mendoza, para que guie el país por los senderos de cambio, transformación y de desarrollo convirtiéndose en nuestro Presidente.

El líder de anticorreísmo por consiguiente estaba llevando adelante una campaña contra la corrupción. Por lo general desde el inicio de su jornada contaba con más del 75% de aceptación convirtiéndose en un ejemplo de la democracia y se encontraba cumpliendo poco a poco sus promesas de campaña. Pero aparecen figuras oscuras que tenían por finalidad evitar el avance del gobierno del encuentro, representado por el triunviro Nebot–Correa–Iza. El país apoyó en forma multitudinaria al gobierno. Y a la vez rechazó a los corruptos desestabilizadores.

El líder de los ecuatorianos Guillermo Lasso Mendoza señaló que no tiene nada que esconder y que pueden preguntarle sobre cualquier circunstancia porque el que nada debe nada teme y como demostración de que es un representante de la paz, congeló el precio de los combustibles con un ejemplo de que no tengan como pretexto los opositores y así rechazar cualquier acto de violencia.

Ricardo Ordóñez

El Metro de Quito

Concuerdo totalmente con el criterio expuesto por el señor Andrés Vallejo Arcos en el artículo publicado en El Comercio, en la página de Opinión, correspondiente a la edición del día viernes 22 de octubre del presente año, con el título: “Poner a funcionar el Metro”, quien recomienda la contratación de una empresa especializada en operación de este tipo de transportación masiva de pasajeros, toda vez que la empresa creada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a más de la obra física que esperamos no tenga ninguna complicación o fallas para la operación del mismo, no ha sido bien administrada por las diferentes gerencias que han pasado por esa empresa municipal, creando el caos y por tanto la demora en el uso y funcionamiento del Metro de Quito.

Yo iría más allá de la propuesta de distinguido ex Alcalde de Quito, recomendando la convocatoria internacional para entregar en concesión la terminación de la construcción que falte y la administración del Metro a una empresa especializada, de conformidad con expresas disposiciones constitucionales y legales, o la conformación de una compañía de economía mixta, en donde la administración corresponda al sector privado, de conformidad con lo que establecen los artículos No. 339 de la Constitución y 282 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización Cootad.  

Gustavo Chiriboga Castro

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