En atención al artículo de opinión intitulado “Necesaria pero insuficiente”, publicado el 21 de agosto de 2017, en este diario debo añadir que los avances logrados en la sistema judicial del Ecuador, son tan notorios y objetivos, que ni si quiera una persona negativa, como usted, puede desconocerlos. Así lo ha señalado en este artículo, pues manifiesta que “se han reducido los tiempos de los procesos, ha crecido la tasa de resolución de causas, ha mejorado el acceso, se cuenta con mejor infraestructura, sistemas de archivo, mayor presupuesto y remuneraciones más altas”.
Sin embargo, usted ha manifestado que “La metida de mano hizo que algunos jueces y fiscales investigaran, procesaran, condenaran o absolvieran al ritmo de la política, de los intereses, de las sabatinas. Los que no seguían las consignas podían (pueden) ser sancionados bajo la figura del error inexcusable, con la cual el Consejo de la Judicatura, cercano al correísmo, puede castigar a los jueces por el contenido de sus decisiones”. Ante esta aseveración, debo manifestarle dos cosas: a. El sistema disciplinario en el Ecuador, implementado por el Consejo de la Judicatura, garantiza, a través de la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, el respeto al debido proceso y demás principios para los servidores judiciales que son investigados; y, b. El error inexcusable no se trata de una aplicación subjetiva por parte del Consejo de la Judicatura, al contrario, tiene parámetros completamente objetivos, que construyen la responsabilidad del funcionario judicial. Para hablar de error inexcusable estamos hablando de un error craso de derecho, tal como, ir en contra de norma expresa, o no aplicarla adecuadamente, y que esto haya ocasionado daño a una de las partes. Cada expediente que sanciona este proceder, tiene motivación suficiente que acredita el cumplimiento de todos estos supuestos.
Por otra parte debo pedirle que abandone esa actitud retrógrada de pensar que el papel aguanta todo, estamos en una época de acceso a la información; sí, como usted asegura, “se ha perseguido o amenazado a jueces, fiscales y funcionarios honestos por decisiones que desagraden a quien tiene el poder”, es su obligación demostrarlo. Es necesario para el país que más allá de su opinión, argumente, fundamente y sobretodo pruebe lo que en su publicación ha expuesto.
Por eso lo invito estimado señor Simon, que demuestre sus aseveraciones. Los lectores de este prestigioso diario se lo merecen, de lo contrario quedará como una simple opinión política sin fundamento.