Por mandato constitucional, conforme dispone el Ar. 26 de la Carta Magna, educación es un tema de Estado, área prioritaria de la política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir” para definir hacia dónde camina el país y qué futuro queremos construir para los niños y jóvenes de hoy entre los que de seguro están nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Tanto hablamos de la responsabilidad social, la calidad de la educación y la calidad de vida en los medios oficiales como en los privados, pero nada decimos de las deplorables condiciones financieras, físicas y equipamiento de los centros escolar de todos los niveles, ni del grave daño que se ocasiona con la designación de gente improvisada o solo aficionada al caduco proceso de enseñanza y aprendizaje de profesores que al no hallar cabida en sus profesiones de origen, optaron “aunque sea por dictar clases”, con lo que la carrera más delicada y maravillosa del quehacer social en la historia de las civilizaciones, que por múltiples razones debería ser la de mayores condiciones humanas y exigencias académicas, se ha reducido a la improvisación, mal tratada y mal pagada.
Los objetivos del buen vivir, el desarrollo, la producción, la vida en democracia, paz y libertad, el trabajo digno y el combate serio a la corrupción, hay que revisar a fondo la concepción y práctica de la educación para la transformación real de las formas de ser y de vivir de los ecuatorianos, tal vez no de los que ya estamos para el viaje sin retorno pero sí para esos niños y jóvenes de hoy que a la vuelta del decenio entrarán ya en su etapa de adultos, la edad que saca sangre.