La llamada autonomía del BCE es tan solo una punta del iceberg detrás del conjunto de reformas monetarias y financieras que impulsa el Gobierno por propio convencimiento y que además forman parte de los compromisos frente al FMI. Evidentemente es importante la definición de la estructura y gobernanza interna del Banco Central pero es más importante el alcance de sus funciones. En cuanto al primer aspecto, la propuesta de autonomía se refiere a dos temas fundamentales: i) autonomía interna con un directorio propio y con una duración de 6 años; y ii) autonomía financiera para la aprobación de su presupuesto y la eliminación de la obligatoriedad actual de trasladar sus utilidades anuales al presupuesto público. En cuanto a sus atribuciones, las reformas apuntan a limitar, en gran parte, las políticas relacionadas con la inversión de excedentes de liquidez, una las principales atribuciones en el marco de la gestión monetaria de un país dolarizado.
Según la Ley de Fomento de 2018, se prohíbe al BCE adquirir títulos y obligaciones emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. La banca pública tampoco puede con los recursos de inversión doméstica del Banco invertir en emisiones de entidades públicas. La otra reforma que propone el FMI es que los balances del BCE deben reflejar un mínimo de reservas internacionales de libre disponibilidad que respalden a sus pasivos por depósitos bancarios. Adicionalmente, propone que el BCE vuelva a ser un prestamista de última instancia frente a problemas de liquidez o solvencia del sistema financiero nacional, en ciertos niveles de depósitos.
En suma, las reformas buscan poner en marcha una política monetaria-financiera ortodoxa para sostener la dolarización, en parte acertada para evitar la “contaminación” de la gestión de la liquidez interna para el financiamiento de crecientes déficit fiscales, pero estaría dejando de lado el gran objetivo: poner en marcha una política monetaria-financiera contra-cíclica de reactivación económica, que requiere un manejo de las tasas de interés y la debida coordinación con la política fiscal sin extremos.