Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Julian Assange, manifiesta: “la retirada de asilo político es arbitraria y sin consistencia”; además que “no son ciertas las pruebas que señala Ecuador, y lo vamos a demostrar, no se puede mentir a la ciudadanía”.
A continuación señala que su defendido ha sufrido “un ataque informático de filtración masiva e invasión de los datos” de las reuniones mantenidas dentro de la Embajada; “eso es muy grave y se va a formular la correspondiente querella criminal contra los responsables”. Finalmente: considera “gravísimo que se haya retirado la nacionalidad ecuatoriana concedida hace más de un año”.
Es evidente que este asunto pinta para largo. Casa adentro en el país debe determinarse las responsabilidades penales, administrativas y civiles de los ministros de Relaciones Exteriores, embajadores en el Reino Unido y demás funcionarios de la Cancillería que cometieron actos lesivos a la Constitución y las leyes al haber otorgado la ciudadanía ecuatoriana, nombrado diplomático, así como la instalación de equipos electrónicos y de distorsión no permitidos, bloqueo de cámaras de seguridad y accedido a archivos de la Embajada.
¿Durante siete años la embajada ecuatoriana en Londres fue tierra de nadie? ¿O Assange contaba con la venia y complacencia de los “revolucionarios” de la década perdida?