Cumplido el cuadragésimo aniversario del retorno a la democracia y después de leer artículos de opinión, entrevistas y reportajes publicados en EL COMERCIO sobre este tema, es preciso recordar algo adicional sobre las dictaduras que precedieron a la histórica fecha de agosto en 1979.
Inaugurada la etapa dictatorial con el autogolpe de junio de 1970 de Velasco Ibarra en su quinta y última presidencia, fue depuesto a su vez en febrero de 1972 por el general Rodríguez Lara, quien instauró el denominado Gobierno Revolucionario Nacionalista que duró hasta enero de 1976, cuando fue reemplazado por el Consejo Supremo de Gobierno (triunvirato militar). Es decir, desde 1970 hasta 1979, fueron casi dos años de dictadura civil y siete años de dictadura militar. Si bien esta última no tiene punto de comparación con otras que interrumpieron las democracias del cono sur y se caracterizaron por una ensañada persecución y exterminio de sus propios ciudadanos tildados de opositores, no dejó al fin y al cabo de ser un gobierno “de facto”, represivo y autoritario, muy notorio en su última fase, que cometió actos repudiables reñidos con lo legal, moral y ético.
En este período se produjeron hechos que tal vez han sido olvidados. Hubo arbitrarios confinamientos en la Amazonía, desalojos violentos de trabajadores en huelga, limitaciones a la libertad de expresión, censura de prensa, detención y expulsión del país de varios obispos y sacerdotes extranjeros congregados en una reunión eclesial en Riobamba en agosto de 1976; la infame matanza de los trabajadores del ingenio azucarero Aztra en La Troncal el 18 de octubre de 1977 – ¿con víctimas no cuantificadas hasta la presente fecha -y, sobre todo, el asesinato en Guayaquil en noviembre de 1978 de Abdón Calderón Muñoz, crítico de la dictadura y quien había sido candidato presidencial en julio de ese año. Todo lo anterior constituye la historia de nuestro pasado contemporáneo y enturbia más una época que fue especialmente difícil para el país.