Me jubilé en el Seguro Social antes de la dolarización, con una modesta pensión en ese tiempo. Pero debido a la dolarización la capacidad de compra de esa pensión se vio muy afectada, pasando a recibir una que no compensó económicamente el poder de compra de la anterior pensión.
Durante mi vida activa siempre supe que el Estado, no los gobiernos de turno, me garantizaba una vida digna, pues desde la Constitución -tantas veces cambiada- ha mantenido la filosofía de velar por los intereses de la clase vulnerable, a la que -si no me equivoco- pertenezco ahora. Con esos dos criterios y ante la inminente emisión de normas tributarias que afectarían los intereses de los jubilados del país debo pedirles sinceramente lo siguiente:
Las leyes han mantenido siempre la obligación del Estado de devolver a los adultos mayores, incluida la clase jubilada, una parte proporcional del IVA que pagamos en las compras para nuestra sobrevivencia. Ahora conocemos que si bien se va a seguir devolviendo, pero condicionado a solicitar a través de ese mecanismo inventado por este Gobierno, del dinero electrónico.
Aparte de que el derecho se lo está conculcando, esa condición de por sí nos afecta económicamente porque con las pensiones actuales no estamos en condiciones de adquirir un teléfono que permita hacer las comunicaciones para favorecernos de la devolución; y, peor ahora que el impuesto IVA subirá al 14%. Las condiciones físicas -y me atrevo a decir las mentales también- de algunos miembros de nuestra clase no permitirán utilizar esos aparatos para solo ese fin.
El teléfono que usamos máximo permite recibir y hacer llamadas, con lo que nos sentimos satisfechos. Por favor, no nos hagan entrar en gastos onerosos para reclamar un derecho que nos da la Constitución. En último caso y creo que me respaldarán los otros jubilados estamos dispuestos a reconocer ese 2% del nuevo IVA en favor de los damnificados de la Costa, pero sígannos pagando sin condiciones lo que corresponde al 12% a través de la cuenta bancaria o en efectivo.