Malformaciones congénitas, abortos, lesiones del hígado y el riñón, provoca el polvo de las explosiones mineras. Miles de kilos de dinamita se usarán para demoler la roca de las montañas y por el aire se irá el monóxido de carbono y nitratos residuales, provocando daño pulmonar. Todo esto se avecina en Imbabura, Zamora Chinchipe, y Morona Santiago, donde ya se ha iniciado la explotación minera a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre de una de las reservas más grandes del planeta y de incalculable riqueza monetaria. En estas minas ya se siente la presencia del mercurio, del ácido sulfúrico y del cianuro, que tal como sucedió al sur de Nambija pronto causarán en recién nacidos la falta de desarrollo del cerebro y microcefalia, amén de envenenamientos mortales. Diversos análisis ya anuncian la repetición de la enfermedad de Minamata, letales estragos constatados masivamente en Japón por contaminación de Metilmercurio.
La provincia de El Oro nunca vio en su gente la riqueza de este ingrato metal. Al día de hoy los daños del ADN, mutaciones provocadas por la sumatoria de estos elementos mutagénicos se ciernen no solo en las provincias mencionadas, sino que las poblaciones de Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y de todo el territorio, son amenazadas por estas sustancias mineras que son capaces de afectar a más de mil kilómetros viajando por aire y aguas contaminados. Amparadas en la ley de minería publicada en enero de 2009, empresas multinacionales han iniciado la explotación de gigantescos yacimientos de oro, plata y cobre, en las minas Mirador, Cascabel, Panantza San Carlos, Fruta del Norte, en donde ya se han arrasado colinas y montañas, construido enormes cráteres con un infernal paisaje otrora verde y saludable. El Ecuador recibirá entre el 5 y el 8% de las utilidades y entre tanto estos contratos firmados a espaldas de la nación, no se sabe si hablan de planes para reparar daños genéticos humanos peor aún de flora y fauna por lo que exige que la sociedad, las fuerzas vivas y humanitarias se unan para demandar al Estado y gobiernos por semejante riesgo.